El GEN dice que el proyecto de VPO en Ca n'Escandell es un "caso de malversación de fondos públicos"

Ibiza

"Malversación de fondos públicos, aberración contraria al interés general, una catástrofe ambiental de primer orden". El grupo ecologista GEN no ahorra descalificativos al proyecto de construcción de 532 viviendas públicas en la zona de Ca n'Escandell en la ciudad de Ibiza. Un proyecto financiado por el Gobierno central con una inversión de casi doce millones de euros y que se hace en colaboración con las instituciones de las islas. La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, anunció que el proyecto comenzaría a ejecutarse a principios de 2023.

Los conservacionistas han presentado alegaciones al proyecto urbanístico y hablan de riesgo de colapso hídrico, incremento del gasto energético, falta de tratamiento de las aguas residuales y los fangos, impacto sobre valores y espacios naturales, entre otras múltiples deficiencias. Destacan que va en contra de las medidas de contención urbanística dictaminadas como necesarias para todas las administraciones. El presidente del GEN, Juan Carlos Palerm, denuncia también la falta de estudios de viabilidad ambiental, económica y social. Por todo ello, piden que se haga un informe de evaluación ambiental desfavorable y la retirada del proyecto.

El GEN cita a los hermanos Marx para concluir que "la política es el arte de buscar problemas, encontrarlos, hacer un diagnóstico falso y aplicar los remedios equivocados". Consideran que nunca ha quedado tan de manifiesto el "error que supone el crecimiento urbanístico por encima de la capacidad de un territorio". Afirman que la promoción de VPO lo único que busca es aumentar estos crecimientos y toda la problemática asociada.

Los conservacionistas consideran que lo que se proyecta en Ca n'Escandell sigue la línea de un modelo "obsoleto y desastroso" que está llevando a Ibiza al "colapso". Avisan que en suelo rústico, se construirán centenares de viviendas, lo que supondrán aumentar la población en 1.300 personas en uno de los municipios más densamente poblados de toda España y al mismo tiempo el más infradotado para dar servicio a la población residente.

Aseguran que el problema en Vila no es la falta de vivienda, porque un reciente estudio ha demostrado que hay 6.000 inmuebles vacíos y esto supone una capacidad para al menos 18.000 personas.

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En las alegaciones se destaca que no se justifica económicamente la solución adoptada al no disponer de un estudio económico financiero. Pero destacan que la compra paulatina de viviendas que salen al mercado por parte de la administración para dedicarlo a VPO en régimen de alquiler supondría un ahorro para las arcas públicas y evitaría la segregación socioeconómica de los ciudadanos " así que el proyecto presente no es más que un caso de malversación de fondos públicos" aseguran desde el GEN.