El gobierno asturiano comprende el malestar de los ganaderos y les apoya con una declaración institucional

Oviedo

El Gobierno de Asturias comprende el malestar de los ganaderos y agricultores y se alinea con algunas de sus reivindicaciones como la exigencia de que la Unión Europea reduzca su presión burocrática sobre el sector, y la reclamación al gobierno central para que se aplique de forma rigurosa la Ley de Cadena Alimentaria que evite las ventas a pérdidas. El Consejo de Gobierno ha aprobado una declaración institucional en la que plasma su apoyo al medio rural.

Esa declaración se articula en siete puntos, que se resumen en destacar que el medio rural es clave para el futuro de Asturias, que la PAC es indispensable para la supervivencia de las explotaciones, que el ejecutivo asturiano comprende el malestar de los ganaderos y agricultores con la presión burocrática derivada de la PAC, y que respeta las movilizaciones previstas siempre y cuando - añaden - se realicen de forma pacífica. Así lo ha expresado el consejero de Medio Rural, Marcelino Marcos, antes de reunirse con las organizaciones URA y USAGA, convocantes de la tractorada y manifestación, en referencia, se entiende, a la tensión y las cargas policiales habidas ayer frente a la sede de Presidencia en Oviedo. Sobre la reclamación al Principado por el retraso de las ayudas de la PAC, el consejero insiste en que este mes las cobrarán los que quedan pendientes y cumplan los controles que impone Europa, esto "no es café para todos y las normas hay que cumplirlas, independientemente de que luego haya un a interlocución para intentar cambiarlas", ha añadido.

Sobre los pagos por los daños del lobo, el consejero ha indicado que el Principado está cumpliendo, que los expedientes están al día a 1 de octubre de 2023, y que los que quedan pendientes se pondrán al día durante este semestre.

Por lo demás, Marcelino Marcos enmarca las movilizaciones en el contexto nacional y europeo, por esas trabas burocráticas que se ponen desde Bruselas, la competencia desleal de países de fuera de la Unión Europea, y los incumplimientos de la Ley de la Cadena Alimentaria que hacen a productores vender a pérdidas.