Visto para sentencia el juicio contra Puig, cuyo equipo alega que "quiso devolver los bienes de Sijena"
El abogado de Villanueva de Sijena, Jorge Español, rechaza de lleno esta tesis e indica que "no puede quedar impune"
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Luis Puig
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Huesca
El equipo del exconseller de Cultura Lluís Puig ha afirmado que les dijo que no quería desobedecer sino cumplir la orden para devolver 44 piezas al Monasterio de Sijena, aunque han alegado que era un proceso "complejo" a nivel jurídico y logístico y que las piezas no estaban en posesión de la Generalitat.
En el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha quedado este jueves visto para sentencia el juicio a Puig, actual diputado de Junts en el Parlament, para quien la Fiscalía ha mantenido su petición de 2 años de inhabilitación y 5.940 euros de multa por su "claro incumplimiento" de la orden de un juzgado de Huesca para que en 2017 devolviera al oscense Monasterio de Sijena 44 obras de arte depositadas en el Museu de Lleida.
El tribunal ha decidido celebrar el juicio en ausencia de Puig, que se encuentra en Bélgica huido de la justicia española, ya que la pena que afronta lo permite y al considerar que, pese a que la justicia belga ha rechazado su comparecencia telemática, se le notificó en tiempo y forma la fecha del juicio y podría haber acudido personalmente.
El abogado de Villanueva de Sijena, Jorge Español, en declaraciones en Radio Huesca- Cadena SER ha señalado que "nadie se cree que quisiera devolver las obras" y entiende que "una desobediencia de este calibre no puede quedar impune ni con unas penas ridículas".
Vila, pendiente de juicio, se niega a declarar
En el juicio había sido citado como testigo, aunque con las prerrogativas de un investigado, el exconseller Santi Vila, que se ha acogido a su derecho a no declarar porque un juzgado ordinario -no es aforado- le juzgará en mayo próximo por los mismos hechos.
Los miembros del departamento de Cultura durante la etapa en que Puig era conseller, desde su jefe de gabinete hasta los responsables de los servicios jurídicos y del equipo museístico, han coincidido en que cuando se le notificó la resolución de la juez de Huesca para devolver la piezas no les ordenó desobedecer, sino al contrario: les preguntó cómo podía cumplir con esa obligación ante la "complejidad jurídica" del asunto y las dificultades logísticas para salvar las piezas.
Además, los testigos han asegurado que, pese a que el requerimiento judicial se dirigía a la Generalitat, la posesión de las piezas no correspondía a la administración catalana, sino al consorcio del Museo Diocesano de Lleida, un organismo que, no obstante, está presidido por el conseller de Cultura.
El equipo de Puig se escuda en que "dijo que quería cumplir"
La jefa de la asesoría jurídica de Cultura, Pilar Bayarri, ha explicado que la primera notificación judicial le llegó a Puig el 7 de julio de 2017, el primer día que acudió a la conselleria tras su nombramiento, por lo que le ayudó a escribir una respuesta pidiendo a la juez tiempo para estudiar el caso ante su "complejidad", para "buscar la mejor forma de dar cumplimiento al requerimiento".
La juez le notificó a Puig una resolución del proceso de ejecución provisional, fechada el 27 de junio de 2017, que la Generalitat había recurrido, y que le daba tiempo hasta el 25 de julio para concretar cómo se realizaría el traslado de las 44 piezas.
La testigo ha asegurado que Puig en ningún momento le manifestó que tuviese la intención de desobedecer: "Me dijo que quería cumplir".
No obstante, ha resaltado que no era posible cumplir la orden de inmediato porque la Generalitat no tenía la posesión de las obras, sino el Consorcio del Museo Diocesano de Lleida.
"El problema que teníamos para dar cumplimiento era la imposibilidad de entregar unos bienes sobre los que no teníamos la posesión", ha insistido la jurista, que ha indicado que no recibieron ninguna respuesta de la juez a su carta pidiendo tiempo para estudiar el caso.
"No era tan fácil", uno de los principales argumentos
También el jefe del gabinete de Puig ha testificado que el conseller aseguraba que la orden judicial se tenía que cumplir, pero que había que conocer la complejidad del caso.
Asimismo, el responsable del servicio de Museos en la Generalitat en la época ha revelado que le explicó a Puig las dificultades de devolver las piezas, ya que habría sido una "salvajada" hacerlo sin garantías de preservación y además era necesario un acuerdo del consorcio y, en virtud de la ley de patrimonio, revocar la declaración de conjunto de valor histórico por si se disgregaban las piezas: "No era tan fácil".
El fiscal cree desobedeció de forma "consciente" porque fue un "incumplimiento selectivo"
Por el contrario, el fiscal José Joaquín Pérez de Gregorio ha asegurado que el incumplimiento fue "claro" y que pese desde su entorno se alegue que Puig tenía la intención de cumplir, no lo hizo. "También se dijo que quería declarar en el juicio, y no ha acudido", ha remarcado.
Según el fiscal, de forma "consciente y voluntaria" Puig dejó transcurrir el plazo que le había dado la juez, hasta el 25 de julio, y facilitó el incumplimiento de la orden judicial hasta que fue destituido en octubre, al aplicarse el 155.
Es más, según el fiscal, si no hubiese sido por la aplicación del artículo 155 y por la orden que dio el ministro de Cultura cuando ejercía como conseller en funciones "esas piezas seguirían sin entregarse a Sijena".
"Está perfectamente acreditada la falta de voluntad por parte del acusado de incumplir con los requerimientos del juzgado de Huesca", ha insistido.
No obstante, ha admitido que no se trata de un "incumplimiento absoluto", sino "selectivo", porque su antecesor, Santi Vila, devolvió 41 piezas pero no las otras 44. "Se entrega lo que se quiere y no se entrega lo que no se quiere", ha precisado.
Según el fiscal, Puig tuvo "tiempo más que suficiente" para "enterarse de qué iba la cosa y cumplir" y si no lo hizo fue "porque no quiso", por lo que la Generalitat impulsó "trámites dilatorios" para "dar largas".
Pérez de Gregorio ha calificado como "puros argumentos ficticios" la tesis que la posesión de las obras correspondía al Museo Diocesano, ya que la Generalitat tenía la "propiedad" de las piezas.