El juicio por las inmatriculaciones en Monterde da la razón a una vecina, pero deja en el aire nuevas denuncias
A pesar de la sentencia favorable, la justicia ha determinado que cada parte asuma sus propias costas, lo que supone un revés económico para los denunciantes
Juzgados de Calatayud / GOOGLE MAPS
Calatayud
El juzgado de Calatayud ha fallado a favor de Raquel Guillén, vecina que demandó al Ayuntamiento de Monterde por la inmatriculación de una finca que pertenecía a su familia. La resolución del juicio, que apenas duró cinco minutos, confirma que el procedimiento fue ilegal, ya que la finca estaba a nombre de la madre de la demandante, fallecida en 2022.
A pesar de la sentencia favorable, la justicia ha determinado que cada parte asuma sus propias costas, lo que supone un revés económico para Guillén, dado que los gastos judiciales superan con creces el valor de la parcela en disputa. "Para esto tanta historia", comentaba la demandante tras conocer la resolución. Su abogado criticó que el Ayuntamiento "se certificaba a sí mismo que la finca era suya, pero no aportaba la documentación necesaria", a pesar de que desde junio de 2023 ya se habían presentado pruebas catastrales que demostraban que la finca pertenecía a su familia desde 1912.
El abogado de este Consistorio defendió que se había encontrado recientemente un certificado de 1986 que confirmaba la propiedad de la madre de Guillén, pero la demandante y su defensa recordaron que ese documento ya había sido aportado por ellos mismos al inicio del proceso, junto con otros registros históricos.
Protestas y presión política para evitar más juicios
Desde la Asociación de Vecinos Afectados por el Alcalde de Monterde, celebran que la justicia haya dado la razón a Guillén, pero aseguran que continuarán con las protestas para evitar que más afectados tengan que asumir los costes judiciales. "Harán lo que haga falta para evitar ir al juicio y no tener que asumir las costas, y evitárselas también al Ayuntamiento, que al fin y al cabo son ellos mismos también", señala el portavoz de la asociación.
El próximo 5 de marzo, la plataforma llevará su protesta al Congreso de los Diputados, donde se reunirán con el vicepresidenta de la Comisión de Peticiones y el diputado, Víctor Ruiz de Diego. Más de 80 personas viajarán en dos autobuses, entre vecinos de Monterde y residentes en Madrid que también se han sumado a la iniciativa. Según la asociación, acudirán representantes de todas las familias de Llumes, a excepción de dos de ellas.
Los afectados consideran que el alcalde y sus asesores se han saltado la ley al no convocar un pleno, no notificar a los propietarios afectados y no abrir un periodo de alegaciones, lo que, según denuncian, vulnera el derecho a la propiedad privada.
Mientras tanto, el juicio de Guillén podría abrir la puerta a más reclamaciones. Según estimaciones de Jesús Colás, testigo en el proceso, unas 70 familias han sido afectadas por las inmatriculaciones del Ayuntamiento, aunque cree que solo una treintena optarán por la vía judicial debido al alto coste del proceso.
