"Esenciales", pero "abandonados": así se sienten los trabajadores del sector de la protección de menores en Aragón, que anuncian huelga

Zaragoza

Los sindicatos CGT, UGT y Comisiones Obreras convocan huelga en el sector de la reforma juvenil y protección de menores en Aragón los días 19 y 26 de septiembre y 3 y 10 de octubre. Es un servicio del Gobierno de Aragón externalizado a través de empresas y entidades sociales, por lo que reivindican un convenio autonómico que regule sus condiciones laborales, como en otras comunidades autónomas. La precariedad, denuncian, domina el sector y, en ocasiones, el intrusismo.

Son alrededor de 600 trabajadores, no solo educadores sociales, sino también psicólogos, terapeutas o mediadores, entre otros perfiles. Atienden a unos 1.400 menores en programas de prevención y protección. Remarcan que para garantizar la calidad del servicio es prioritario mejorar las condiciones laborales.

"Servicio esencial" pero "abandonado"

Alberto Llamas, del sindicato CGT, afirma que "lo que pretendemos es un cambio de actitud por parte del Gobierno de Aragón, tiene que cambiar la mentalidad" porque "nos sitúan como un servicio esencial, pero va acompañado de un abandono".

Remarca que "no puedes reivindicar un servicio público y luego abandonarlo". Desde esta plataforma insisten en que "el garante de que ese servicio funcione y sea de calidad, en última instancia, tiene que ser del Gobierno de Aragón; la madre del cordero es que el sector necesita recursos público para sostenerse y sostenerse con calidad".

Salarios y condiciones precarias

Denuncian que la brecha salarial está en torno al 50% respecto a otras comunidades autónomas, con disponibilidad casi del 100 %. Estos profesionales "están dispuestos a que, de un día para otro tengan que ir a trabajar, a que las bajas se tengan que cubrir entre los equipos y es complicado porque hay muchas gentes que trabajan por poco más del salario mínimo interprofesional". Con estas condiciones, "afrontar un proyecto de vida, tal y como está el patio, es complicado".

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Un sector en precario, que lleva - denuncian - a una fuga de profesionales hacia otras comunidades autónomas o a otros puestos. Entre las consecuencias: que se contraten a personas sin la cualificación necesaria.

Intrusismo

Fue el caso del centro de menores de Ateca (Zaragoza), con una investigación del Gobierno de Aragón - que continúa abierta- y cinco trabajadores - incluido el director - detenidos y en prisión desde principios de este mes de agosto como presuntos autores de graves delitos, como torturas o agresión sexual. Los trabajadores no tenían titulación. Este sindicato ya había denunciado irregularidades hace cinco años.

"En ocasiones, tenemos un problema de intrusismo e, insisto, esto va ligado al problema de la precariedad" porque "hay pocos profesionales y se ven abocados a migrar de sector o de territorio". De este modo, "las entidades se encuentran con que no tienen profesionales y se opta por coger lo que consideran que está en el banquillo", añade Llamas.

Tras este caso de Ateca, el Gobierno de Aragón ha creado el registro de trabajadores de los centros de menores, donde conste su capacitación técnica y profesional. Hasta ahora, era suficiente la presentación de una declaración responsable de que todo el personal cumplía con la formación necesaria. Mientras, el Colegio Profesional de Educación Social pide que la colegiación sea obligatoria para ejercer.