Aragón tiene "derechos de papel"
El nuevo Gobierno tiene los retos de recuperar presupuestos y agilizar su administración
Ayudas a la dependencia / Richard Bailey
Zaragoza
Aragón apenas aprueba en servicios sociales. Una calificación media baja -un 5,2- le da la Asociación de Directoras y Gestores de Servicios Sociales de España que este mediodía ha presentado su informe territorializado en Madrid. La Comunidad se queda en el puesto número ocho y deja al nuevo Gobierno con dos retos por delante, recuperar presupuestos y agilizar su administración. “Le queda volver a invertir en servicios sociales y tiene que acometer las reformas necesarias de simplificación administrativa”, ha explicado Gustavo García, portavoz nacional de la Asociación de Directoras y Gestores de Servicios Sociales de España.
Aragón incrementó gasto en servicios sociales en el 2021 y hasta se encuentra por encima de la media estatal, pero lo que subió interanualmente ha ido bajando respecto al Producto interior bruto (PIB), y ahora apenas supone un 1,6% del total.
Y esto se deja notar en cuestiones donde Aragón siempre ha destacado, pero empezó a descender tras el Covid-19: Ayuda a domicilio para mayores, plazas de residencia, o coberturas de rentas mínimas. Y peor lo ponen donde ya había carencias, como los profesionales sociales por habitantes -con solo un profesional por cada 1.994 habitantes-, donde estamos por debajo de la media estatal, o las plazas para discapacitados. Por todo esto, este estudio marca retos al nuevo gobierno. Gustavo García, portavoz nacional
Los retrasos son "tremendos"
La simplificación y agilidad administrativa son especialmente importantes en la dependencia. Los retrasos, dice García, son “tremendos”. Avisa que “desde que una persona solicita las ayudas hasta que se le concede pueden pasar meses o incluso un año”.
Estos expertos alertan de la tendencia decreciente en estos indicadores y aseguran, con datos, que en el 2022 la situación vuelve a ser como hace diez años por lo que instan a toda la administración con competencias en derechos sociales, no solo gobierno autónomo, sino también ayuntamientos y comarcas a impulsar cuestiones como la inserción social.
“Hay que recuperar ese impulso de dedicar los recursos que antes se dedicaban a la renta mínima de inserción que ahora el ingreso mínimo vital solvente esos problemas y dedicarlo a las personas y familias que necesitan un un impulso para salir de situaciones de exclusión social”, ha continuado García.
Como punto positivo, Aragón -dice este documento- alcanza la excelencia en reconocimiento de derechos y ordenación del sector, pero al final, insiste textualmente, son "derechos de papel" porque su reconocimiento no corresponde después con su cobertura real.
