El abogado de la acusación contra Victorino Alonso reconoce que cumple los requisitos para no entrar en prisión
Pablo Malo asegura que eso no significa que no haya sido condenado a prisión y a pagar una indemnización, aunque se libre de ello
Imagen del juicio / EFE
Huesca
Después de que el Juzgado nº 1 de Huesca haya tomado la decisión de que el empresario Victorino Alonso, no vaya finalmente a la cárcel ni pague la multa de 25 millones a que fue condenado por la destrucción de la Cueva de Chaves en el Coto de Bastarás, el abogado de la acusación de Ecologistas en Acción, Pablo Malo, asegura que la Justicia no conoce de nombres y que, si se dan todos los condicionantes, como así ha sido, hay que decretar la remisión de la condena.
“El derecho es una técnica, decía el abogado, que no lleva ni nombre ni apellidos, por lo que se aplica a Victorino Alonso lo mismo que a cualquier otra persona, guste o no. Son varios requisitos: no ha delinquido, porque no tiene ningún delito en los tres años posteriores a la sentencia; no tiene dinero para pagar, porque ha sido declarado insolvente (que no hayan sido capaces demostrar el dinero que podría tener es cuestión aparte, no significa que no lo tenga, pero no vale como prueba), y finalmente, como fue condenado a menos de 2 años, porque la Audiencia Provincial le rebajó la pena, entonces la remisión es automática y no tiene por qué entrar en la cárcel”.
Sí que sigue adelante la parte que queda abierta de todo este proceso, que es la que hace referencia a la responsabilidad civil. La condena civil conllevaba una indemnización de 25 millones de euros, tanto para Victorino Alonso como para la empresa Fimbas, titular del terreno donde se encontraba el yacimiento.
La empresa Fimbas, propietaria del coto, dijo en su día que daba el terreno como pago de los 25 millones de euros de indemnización, sin embargo, el Gobierno de Aragón lo tasó en 12,5 millones. Ahora se trabaja en ver cómo se acepta la finca para que sea de titularidad pública, aunque quedarían todavía pendientes el resto de los millones de responsabilidad civil.
Malo cree que precisamente ahora hay que centrarse en que se consiga que lo que queda de los terrenos y el yacimiento, como mínimo, sean de titularidad pública, para que puedan ser conservados y difundidos al público.
Malo, que asegura que la medida tomada por el Juzgado oscense no significa que no haya sido condenado, restaba importancia a que se destacase que los escritos de las acusaciones en contra de esa medida se presentaran fuera de plazo ya que, en su opinión, no hubiera cambiado la decisión.
