La Junta constata incumplimientos de personal y falta de alimentación en los pisos para jóvenes extutelados adjudicados a Inserta Andalucía

Málaga

La Inspección General de Servicios Sociales de la Junta de Andalucía afirma que queda acreditado el "incumplimiento de la ratio de personal" y de "mejoras del contrato" así como la "falta de alimentación y enseres básicos" en los pisos para jóvenes extutelados gestionados por la entidad Inserta Andalucía en las provincias de Málaga y Granada. Dichos incumplimientos se encuentran tipificados como "infracción grave" en la Ley 9/2016 de Servicios Sociales de Andalucía. Así se recoge en el documento firmado el pasado 19 de febrero y notificado este miércoles al extrabajador de la ONG Pedro González, que denunció la situación ante la Junta de Andalucía en reiteradas ocasiones y también ante la justicia.

De hecho, este escrito responde a la denuncia formulada ante la Inspección General de Servicios Sociales el 17 de octubre de 2024 por el exempleado tras reunirse con la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, días antes. López afirmó en rueda de prensa -el 30 de enero- que fue su consejería la que "invita" al extrabajador a poner la denuncia ante la Inspección, aunque el empleado llevaba alertando de la situación desde diez meses antes e incluso había denunciado ya el caso ante la Fiscalía.

Inicio de expediente sancionador

La Inspección da traslado del informe a la Dirección General de Políticas Migratorias "al objeto de su conocimiento y adopción de las medidas que se estimen oportunas en relación a la ejecución del contrato de 300 plazas para la inserción laboral y social para jóvenes inmigrantes" que hayan estado bajo el Sistema de Protección de Menores de la Junta o "jóvenes migrantes en situación de gran vulnerabilidad" en las provincias de Málaga y Granada.

Además, determina el traslado del documento a las delegaciones Territoriales de la consejería de Inclusión Social de ambas provincias "al objeto de dictar los correspondientes acuerdos de inicio de expediente sancionador contra la entidad Inserta Andalucía", expediente que anunció la consejera López en su comparecencia de enero.

El documento de la Inspección hace referencia al programa JEM adjudicado a la ONG, no así al programa María Zambrano también para jóvenes extutelados, en el que el trabajador denunciaba los mismos incumplimientos.

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Las primeras denuncias, a finales de 2023

Tras presentar dos escritos previos por correo electrónico, la primera denuncia por registro electrónico del entontes trabajador de la entidad, con funciones de coordinador, se presentó el 19 diciembre de 2023 destinada a la Dirección General de Políticas Migratorias de la consejería de Inclusión Social. En dicho escrito alertaba ya de la falta de personal y de que éste no se correspondía supuestamente con el que se presentaba en la licitación del contrato de Inserta Andalucía. También explicaba que faltaban productos de primera necesidad en estos pisos para jóvenes migrantes extutelados en Málaga a pesar de haberlo comunicado reiteradamente por su parte a la entidad. El denunciante pedía por ello una inspección y se ponía a disposición de la administración para acreditar con pruebas sus afirmaciones.

El 27 de marzo de 2024 se reiteró la denuncia de las presuntas irregularidades en sendos escritos por registro destinadas tanto a la Dirección General de Infancia, Adolescencia y Juventud como a la Dirección General de Políticas Migratorias de la Consejería de Inclusión Social. También presentó quejas al Defensor del Pueblo y a la Inspección de Trabajo. Sus advertencias cayeron en saco roto, por lo que finalmente en junio del año pasado acudió a la Fiscalía, que abrió diligencias. El ministerio público ha decretado actualmente el archivo provisional a la espera del informe encargado a la Inspección de Trabajo, explica el exempleado.

Escasez de productos básicos

En cuanto a la escasez de productos, el 10 de octubre de 2023, el personal del "equipo de emancipación" de estos pisos, envió un correo a la dirección de la ONG indicando que, por un retraso en la compra mensual, la mayoría de los pisos no disponían, por ejemplo, de papel higiénico, aceite para cocinar, leche, arroz, cereales, lejía, detergente, cepillos de dientes, gel o compresas. Siete trabajadores firmaban el documento y aseguraban en él que a pesar de haber comunicado de forma reiterada la situación, no habían recibido respuesta. En diciembre de ese mismo año, uno de estos jóvenes llegó a ir a un comedor social porque le falta comida en el piso, según relató este extrabajador.

Denuncia de Por Andalucía

Vinculado a la denuncia del exempleado, el grupo parlamentario Por Andalucía denunció a finales del pasado mes de enero en los juzgados las presuntas irregularidades en la adjudicación y ejecución de contrato, denominado programa JEM+18, y vinculado a la creación de alojamientos y programas de inserción sociolaboral para jóvenes migrantes no acompañados de entre 18 y 25 años de edad. La denuncia ponía el foco en los dos lotes del programa que fueron adjudicados por la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad a la entidad Inserta Andalucía en julio de 2023 para gestionar pisos de jóvenes migrantes extutelados en Málaga y Granada. El contrato era por dos años -sigue en vigor- y por una cuantía de 1.016.390 euros y 1.159.267 euros respectivamente. La ONG se presentó en ambos lotes cómo única licitadora.

La denuncia de Por Andalucía acusaba a la Junta de Andalucía, bien con “connivencia o grave negligencia”, de presunto falseamiento de los pliegos sacados a concurso, lo que habría beneficiado a la ONG, a la que acusaba a su vez de ‘inflar’ el personal que trabajaba en el servicio para conseguir adjudicaciones. Tanto la Junta como la ONG negaron las acusaciones.

La denuncia añadía que la mujer y el hijo del responsable del Observatorio de Infancia de la consejería de Inclusión Social fueron supuestamente contratados por Inserta Andalucía en diferentes programas que la entidad gestiona en Sevilla una vez que fue adjudicataria de contratos públicos. Sostiene la coalición que era "la persona referente habitual para la interlocución por parte de la Junta de Andalucía". La consejera respondió tras la denuncia "que esa persona no es el profesional que interviene en el pliego de licitación".