La Audiencia de Sevilla plantea dudas sobre las sentencias del TC en el caso de los ERE

Sevilla

El Tribunal de Sevilla, que debe dictar las nuevas sentencias de los políticos andaluces amparados por el Tribunal Constitucional en el caso de los ERE, han emitido una providencia donde dejan ver que presentarán una cuestión prejudicial en el Tribunal de la Unión Europea como han pedido las acusaciones, que son el PP y el sindicato ultraderechista Manos Limpias. En principio, los cinco magistrados que conforman el Tribunal dicen que “no pueden dejar de lado la posibilidad de que las valoraciones que ha hecho el Tribunal Constitucional sobre el derecho a la legalidad penal de los políticos no sea compatible” con el derecho comunitario.

Los jueces dan diez días a las defensas para que aleguen sobre ese planteamiento de la cuestión prejudicial a Europa. Deben razonar si el Constitucional se ha extralimitado en su función de control al revisar los delitos de malversación y prevaricación por los que estaban condenados los políticos socialistas andaluces, invadiendo ámbitos reservados a jueces y Tribunales.

Tienen que pronunciarse sobre la posibilidad de que la doctrina que ha empleado el Tribunal Constitucional para ampararlos “incumple las exigencias internacionales de lucha contra la corrupción política, siendo incompatible con lo dispuesto en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea sobre la lucha contra el fraude y la corrupción”.

Deben decir también si la interpretación que ha hecho el órgano de garantías sobre las leyes de presupuestos andaluzas entre 2002 y 2009 se opone a la jurisprudencia comunitaria, y con ello podrían generar una situación “de desprotección del patrimonio público”.

Si el Tribunal acaba elevando a Europa estas cuestiones prejudiciales como desean las acusaciones, las sentencias definitivas sobre los políticos que han sido amparados por el Constitucional pueden tardar años. Y en función del resultado puede afectar a las sentencias de las distintas piezas separadas que se están amoldando a lo resuelto por el Tribunal Constitucional.

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El abogado Juan Carlos Alférez ya ha dicho que con este planteamiento “se pretende paralizar y bloquear la ejecución de una sentencia del Tribunal Constitucional”.