"El secreto de la pringá"
El secretario general de FACUA, Rubén Sánchez, reflexiona en su columna sobre la actuación del sistema de salud pública andaluza a raíz de los casos de intoxicación con los montaditos de pringá en Córdoba.
Sevilla
Otra irregularidad más en el caso de los montaditos de pringá contaminados con bacterias. La Dirección General de Salud Pública de la Junta de Andalucía ha reconocido que detectó «deficiencias graves» y «posible riesgo para la salud» en las dos inspecciones realizadas a mediados de enero al establecimiento cordobés donde se intoxicaron decenas de personas. La Junta lo dice después de haber afirmado en esas fechas que no había motivos para decretar su cierre cautelar porque los inspectores determinaron que el establecimiento cumplía las «condiciones» necesarias.
Esta contradicción pone de manifiesto otra negligencia más de las cometidas por la autoridad sanitaria andaluza, que se suman a las de los hospitales privados de San Juan de Dios y la Cruz Roja, donde falleció una de las clientas de Taberna La Sacristía. Hospitales que no reportaron a Salud los casos de intoxicados que recibieron. Negligencias ante las que seguimos esperando que se depuren responsabilidades.
Salud Pública da ahora una nueva versión sobre las conclusiones a las que llegaron sus inspectores, después de que el 16 de enero la responsable del Servicio de Salud en Córdoba, María Cruz Gallego Domínguez, asegurase que no se había llevado a cabo la clausura cautelar del establecimiento con el argumento de que reunía condiciones. Domínguez también insistió en mantener oculto el nombre del negocio por si finalmente no tuviera la «culpa de todo esto». Nombre que tuvimos que dar a conocer desde FACUA y que a día de hoy desde la Junta siguen sin pronunciar, vete tú a saber por qué.
Este cambio de versión se suma al cúmulo de irregularidades e irresponsabilidades que ha cometido la Consejería de Salud y Consumo en la gestión de la intoxicación alimentaria provocada por los montaditos de pringá servidos por Taberna La Sacristía. Tardaron tres días en abrir el correo donde una afectada relataba los hechos y tardaron dos días más en recoger muestras en el restaurante, que siguen sin explicar por qué decidieron mantener abierto y su nombre en secreto.
Seguimos esperando que la consejera andaluza de Salud y Consumo, Rocío Hernández, comparezca en el Parlamento de Andalucía para dar explicaciones por lo ocurrido.
Rubén Sánchez
Periodista y secretario general de Facua.
