Grande-Marlaska: "El sentimiento de máxima impunidad sobre los narcos, a día de hoy, no existe"

Cádiz

La ciudad de Cádiz acogerá este viernes, 14 de febrero, la IV Reunión Ministerial de la Coalición de Países Europeos contra el Crimen Organizado. Un encuentro al que asistirán los ministros de Interior y de Justicia de Alemania, Bélgica, Francia, Italia, Países Bajos, Suecia y España. Es la primera vez que nuestro país acoge esta reunión, y en las horas previas al inicio de este encuentro al máximo nivel, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha atendido a Radio Cádiz para analizar la situación actual del narcotráfico en la provincia y la posible respuesta que va a dar su cartera a las peticiones de administraciones y asociaciones en defensa de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

El titular de Interior ha explicado que el objetivo de la cumbre es "ahondar en la cooperación contra la criminalidad organizada", centrando el trabajo en dos grandes bloques. El primero, que aborde "la necesidad de una actuación integral en relación al narcotráfico" y un segundo bloque en el que se trabaje en "cómo hacer frente al narcotráfico de forma continuada en el tiempo y generando la suficiente coordinación". De esta cumbre, según Grande-Marlaska, saldrá "una declaración institucional que resuma lo tratado y las conclusiones que estimamos para, luego, realizar sobre las mismas un concreto seguimiento".

Para Interior, actualmente la principal preocupación es "cómo las organizaciones criminales tienen un margen de adaptabilidad y de ser cambiantes ante las nuevas circunstancias, algo que exige de nosotros más dedicación y más trabajo en conocer las posibilidades que tienen de adaptación".

Cádiz será la sede de la cumbre porque "Europa es consciente de los planes especiales de seguridad del Campo de Gibraltar y conocen el éxito de esos cuatro planes, cómo se ha incrementado la actuación policial generando inteligencia y no solo dedicándonos a la incautación de droga sino también a la prevención y a la desarticulación de los entramados económicos financieros, que es donde más daño se hace a las organizaciones criminales".

Grande-Marlaska ha respaldado con datos el esfuerzo realizado por Interior para combatir el narcotráfico en la provincia, al tiempo que ha reconocido que siempre "podemos y debemos hacer más". Así, ha cifrado en 1.700 las embarcaciones incautadas, 25.000 personas relacionadas con el narcotráfico que han sido detenidas en los últimos seis años, el desarrollo de más de 30.000 operaciones contra el narcotráfico -más de 4.000 contra el blanqueo de capitales-, y una inversión de "más de 163 millones en medios personales y materiales incrementando en más de un 12% el número de efectivos de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado".

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Una vez ha expuesto las cifras, el ministro del Interior ha valorado la presencia de narcolanchas en zonas portuarias, como lo sucedido en Barbate, argumentando que es una imagen "que no obedece a la realidad porque cuando hemos visto esas narcolanchas ha sido por circunstancias meteorológicas muy concretas" algo que es, además, "consecuencia de que se encuentran absolutamente controladas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado generando un contexto de no impunidad".

Precisamente en la impunidad ha incidido el titular de Interior, quien ha afirmado que nada tiene que ver la situación actual frente a la que se encontraron en 2018. "Recuerdo una imagen muy clara, tenemos en la retina cómo a plena luz del día, miembros de una organización criminal entraban en un hospital y se llevaban a un narco que estaba detenido como si no pasara nada. Ese era el sentimiento de máxima impunidad que uno podía imaginar; algo que no existe a día de hoy ni en el Campo de Gibraltar ni en la zona, y algo que era consecuencia de inversión cero. Los narcos no campan a sus anchas".

Sobre la petición de declaración de zona de especial singularidad de la provincia, reclamada insistentemente por asociaciones y administraciones públicas, Fernando Grande-Marlaska ha asegurado que "se esta estudiando" y ha explicado que en Interior "estamos haciendo un análisis de conjunto de todo el territorio nacional", aunque ha matizado que la singularidad en Cádiz "se ha constatado a través de muchas medidas en el ámbito de personal, porque es una de las localidades de España donde la RPT es más alta, de un 90%, por la gravedad y la complejidad de las operaciones a las que hacen frente" los agentes de Policía Nacional y Guardia Civil.

Otra de las grandes demandas realizadas por las asociaciones en defensa de los derechos de policías y guardiaciviles es que se considere su desempeño profesional como una profesión de riesgo. Al respecto, el ministro ha desvelado que Interior está trabajando en considerar las características especiales que tienen estas profesiones "para evaluarlas de cara a reducir la edad de jubilación".

Con todo, ha aclarado que "desde el punto de vista legal no existe el concepto de profesión de riesgo", sino conceptos como la morbidad, mortalidad o penosidad, que son importantes como "factor de corrección para reducir la edad de jubilación".

Peligrosidad que, según ha insistido Grande-Marlaska, también está considerada durante la vida laboral con conceptos como "la productividad, que está considerada en los términos más elevados porque ya está considerada por profesión de riesgo, aunque jurídicamente no exista ese concepto, y eso ya está en las retribuciones que perciben".