Andalucía, ante una situación de emergencia
Facilitar la promoción de vivienda no es suficiente, hay margen para intervenir en los alquileres o ampliar las ayudas directas
La columna de Javi Alonso en La Ventana Andalucía (03/02/2025)
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Sevilla
Los andaluces destinan de media el 38% de sus ingresos a pagar su vivienda. Entre los jóvenes, nueve de cada diez no han conseguido aún ejercer su derecho constitucional a tener un hogar.
Al mismo tiempo tenemos 640.000 viviendas vacías, 150.000 pisos turísticos y un déficit de más de 90.000 inmuebles en relación con la demanda.
Es el retrato de una situación de emergencia que lleva décadas, pero que sólo afrontamos a golpe de impulsos. Muchos recordarán lo que ocurrió en 2008 cuando la crisis dejó a miles de familias al borde del desahucio. Andalucía respondió con su ley de vivienda de 2010.
Ahora estamos ante una nueva sacudida. Después de años con la vivienda en un segundo plano legislativo y político, Andalucía inició en verano pasado la tramitación de una nueva ley, introdujo este problema en su relato presupuestario y ahora plantea su nuevo decreto de medidas urgentes.
¿Es suficiente? De momento, no.
La Junta pone el acento en ampliar de forma más rápida la oferta de suelo para facilitar que se construyan más viviendas.
Los plazos actuales para desarrollos urbanísticos son excesivos. Hay mucho margen de mejora. Por eso, los promotores percibirán de inmediato los resultados de este plan.Pero la ciudadanía, por mucho que se recorten tiempos, tendrá que esperar varios años hasta percibir los resultados.
Y apostar todo a la promoción tiene sus riesgos: en algunos aspectos las medidas llevan una música demasiado similar a aquella ley del suelo de 1998. Hacen falta más viviendas pero no de cualquier forma ni a cualquier precio.
Por eso, no puede ser la única vía ante una situación de emergencia.
La intervención pública en los precios es un camino a explorar también en algunas zonas de Andalucía. Negarse a ensayarlo porque lo plantea el Gobierno de España no contribuye a resolver el problema.
Hay margen también para dedicar más recursos a las ayudas al alquiler, los avales o las rebajas fiscales. Tenemos un presupuesto de 48.800 millones de euros, y se destinan a estas políticas un máximo de 800, es decir, el 1,63%.
Andalucía necesita que de esta nueva crisis de la vivienda salga una estrategia transversal, que aborde el problema desde distintos ámbitos y que combine actuaciones inmediatas con otras que supongan una revisión del modelo a medio y largo plazo.
Y, sobre todo, que actuémos aprendiendo de errores pasados y defendiendo los avances que hemos ido conquistando.
Hablábamos antes de 2009 y de cómo nos estremecían entonces los desahucios de familias que no podían pagar sus viviendas. Ahora, hay quién quiere de nuevo centrar ahí el debate o señalarlo como origen del problema. Es injusto y peligroso.
Una familia en situación de vulnerabilidad no debe ser desahuciada de su vivienda sin que al menos se le haya podido ofrecer una alternativa habitacional. Y ahí no debemos dar pasos atrás.
