Solicitan la apertura cautelar de todas las instalaciones del hotel Guadalpín Banús
El juzgado cita a las partes el próximo 7 de febrero para determinar si se atiende la petición de la explotadora
Guadalpín Banús / Protesta
Marbella
La empresa explotadora del hotel Guadalpín Banús solicita en los tribunales que se lleve a cabo cautelarmente y hasta que no haya sentencia firme, la reapertura de las cocinas, terrazas y demás servicios hoteleros que fueron desalojados a principios del verano de 2024 comprometiendo la actividad de este establecimiento y por tanto los puestos de trabajo de 150 familias que se han visto afectadas por la aplicación de un ERTE.
Según explican desde el comité de empresa, el Juzgado de Primera Instancia nº 5 de Marbella, ha admitido e incoado el correspondiente procedimiento, citando a las partes para el día 7 de febrero.
Los trabajadores esperan que prospere la medida cautelar para poder reactivar la actividad hotelera al 100%.
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Entienden los representantes de los trabajadores que la reapertura de las instalaciones hasta ahora clausuradas en ningún caso perjudicaría a ninguna de las empresas envueltas en el conflicto ya que la propietaria cobraría el importe de las rentas de los contratos que están en disputa en diversos procedimientos judiciales.
Proceso judicial
La situación se complicó en el año 2008. La inmobiliaria Aifos entra en concurso de acreedores, explotadora de Guadalpin en aquella época; El hotel entra en una dinámica negativa, hasta el punto de que la administración concursal nombrada se planteó incluso cerrarlo.
En esos años, muchos de los apartamentos comprados pasaron a ser propiedad de Caja Rural de Granada. Ya en el año 2016 el hotel empezó a funcionar con una deuda que asumió la nueva y actual explotadora, Grisoma. Algo después, en 2019, unos nuevos inversores, el grupo SPV, se hizo con algunas propiedades. Y tanto éste como la entidad financiera, empezaron a exigir más dinero por la renta del alquiler.
En el verano de 2023, también en julio como en 2024, los juzgados resolvieron darle la posesión de sus unidades a ambos y éstos las cerraron. Grisoma reclamó entonces a la jueza encargada del caso en virtud de lo que dice la Ley de Turismo de Andalucía. La magistrada dio la razón entonces a la explotadora.
