Málaga pedirá anular una liquidación de 63,7 millones que le pide la Junta por el metro
Una de las estaciones del metro de Málaga / Junta de Andalucía
El Ayuntamiento de Málaga pedirá la anulación de una liquidación de 63,7 millones de euros que le ha solicitado la Junta de Andalucía por la inversión y explotación de las líneas 1 y 2 del Metro de Málaga.
Según ha informado este miércoles el consistorio malagueño, existe una orden de la Junta de Andalucía del pasado 27 de diciembre por la que se aprueba la liquidación de la deuda, en periodo voluntario, derivada del convenio suscrito en 2003 para la construcción y puesta en servicio de las líneas 1 y 2 del metro de la capital malagueña.
La Junta de Gobierno Local tiene previsto aprobar este viernes recurrir la deuda y solicitará la suspensión del procedimiento hasta que se resuelva el requerimiento previo o, si éste no se atiende, el recurso contencioso administrativo que interpondría el Ayuntamiento.
Según la orden de la Junta, en base al convenio de 2003, el Ayuntamiento debería aportar en concepto de explotación un importe igual al 25 por ciento de la diferencia entre la tarifa técnica y el precio real, multiplicada por el número de pasajeros anual.
Sin embargo, el Ayuntamiento considera que la liquidación de 56 millones en ese concepto no está ajustada a derecho, ya que el montante es el resultado de multiplicar en cada uno de los años la tarifa técnica acordada con el concesionario por el número de viajeros.
Esos son los parámetros que ha modificado la Junta de Andalucía en todos estos años, mediante las modificaciones del contrato de concesión en dos ocasiones (2014 y 2020), "ambas sin el menor acuerdo con el Ayuntamiento, fuera del marco del convenio de 2003"
El consistorio malagueño argumenta que la Junta "ha tutelado en solitario el convenio original de 2003 y ahora pretende exigir al Ayuntamiento las cantidades que resultan de todos estos años, fruto de las decisiones y modificaciones concesionales exclusivamente achacables a la administración autonómica”.
En cuanto a los casi 7,8 millones en concepto de intereses como "indemnización de daños y perjuicios" por haber anticipado la Junta la inversión que le correspondía al Ayuntamiento, el consistorio entiende que se trata de la notificación de un acto "no válido, con vulneración de los principios de seguridad jurídica y legalidad no ajustada a derecho".
