Liberadas en Ronda tres mujeres que trabajaban en condiciones precarias en establecimientos de comida rápida
Material intervenido / Guardia Civil
Málaga
La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal de origen pakistaní que explotaba laboralmente a compatriotas en situación irregular, con la detención de ocho personas y otras tres investigadas, en una operación que ha permitido liberar a 15 víctimas que permanecían retenidas en diversos municipios de Jaén y Málaga.
Según el Instituto Armado, la ‘Operación Salaria’' se desarrolló en las provincias de Jaén, Murcia y Málaga, donde la banda operaba mediante delitos contra los derechos de trabajadores y ciudadanos extranjeros, falsedad documental, coacciones y fraude a la Seguridad Social.
Los agentes liberaron a siete víctimas en Jódar, una en Jaén, dos en Cazorla, otras dos en Villacarrillo y tres más en Ronda (Málaga), todas ellas retenidas en condiciones precarias y sin las mínimas condiciones higiénicas y sanitarias.
La investigación se inició tras detectar la apertura de más de veinte establecimientos de comida rápida en la provincia de Jaén con escasa actividad comercial y empleados en situación irregular.
Sin contrato, ni remuneración
Tres ciudadanos pakistaníes lideraban la red criminal como propietarios de los locales, mientras otro grupo intermedio controlaba a los trabajadores.
Los investigadores realizaron 19 registros en inmuebles de la organización, donde localizaron documentación falsa utilizada para eludir inspecciones y falsificar empadronamientos y contratos.
Las víctimas trabajaban sin contrato ni remuneración, con jornadas laborales que excedían los límites legales y sin descansos. La organización les retenía su documentación personal para impedir su libre movimiento.
Bajo el control de la organización eran alojados en viviendas carentes de las mínimas condiciones higiénicas, sanitarias y de habitabilidad, e incluso algunos trabajadores vivían en los mismos establecimientos de hostelería en los que trabajaban.
La organización era financiada por el dinero que las víctimas pagaban a cambio de su regularización, a costa de trabajar sin ningún tipo de cobertura legal ni remuneración.
La operación, dirigida por el Juzgado de Instrucción número 2 de Jaén, permitió detener también a un ciudadano español que presuntamente daba cobertura a la organización en la tramitación de expedientes para regularizar la estancia de las víctimas.
