El caso de los contratos sanitarios a dedo, punto de inflexión.
El juez que investiga al Gobierno andaluz por prevaricación en los contratos sanitarios a dedo rechaza archivar la causa
La Columna de Dani Cela (15/01/25)
02:11
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El juez que investiga al Gobierno andaluz por prevaricación en los contratos sanitarios a dedo rechaza archivar la causa, como exigieron los imputados, pero tampoco ampliarla, como piden los querellantes
El juez que investiga al Gobierno andaluz por un posible delito de prevaricación en los contratos sanitarios de emergencia ha rechazado ampliar la investigación a los delegados del SAS en las ocho provincias, alegando que se escapa de sus competencias.
El magistrado Javier Santamaría utiliza un criterio territorial, acota su investigación a los servicios centrales del SAS, ubicados en Sevilla, pero no entra en el fondo del asunto. De hecho, no descarta que también haya indicios penales en los contratos a dedo de Huelva o Almería, pero se inhibe en favor de los juzgados de instrucción de esas provincias.
La decisión del juez parece sólo un trámite procesal, pero es muy relevante por cómo ha hecho reaccionar a las partes: de entrada, el Gobierno de Juan Manuel Moreno ha saltado como un resorte, con indisimulado triunfalismo, ocupando un protagonismo en el banquillo de los imputados del que hasta hoy había hecho oídos sordos.
El Ejecutivo andaluz no está personado en la causa como perjudicado, no descarta hacerlo, pero hasta hoy mantenía un distanciamiento prudente de uno de sus altos cargos imputados, la gerente del SAS, y de sus dos antecesores, que también lo están.
Sobre el papel, los tres están representados por sus abogados, no por el gabinete jurídico de la Junta, pero la reacción triunfal de la portavoz del Gobierno andaluz al último auto del juez evidencia lo que subyace en este caso. Es la gestión del Ejecutivo de Moreno lo que se encuentra bajo investigación judicial por un montante igual o superior a los 300 millones de euros.
La otra reacción interesante es la del PSOE, personado como acusación popular, que ha visto cómo el juez topaba el relato político que acompaña a su estrategia procesal, a saber: que el posible delito reside en el procedimiento de pagos del SAS, y no en cada contrato individual que se firmó, fuera en los servicios centrales o en las provincias.
¿Les suena? Con unos mimbres parecidos, hace casi 15 años, otra jueza de instrucción sí se vio competente para investigar un macrofraude de ayudas sociolaborales que alcanzaba toda Andalucía y que salpicaba a diputados, consejeros y presidentes de la Junta aforados.
Más de tres años tardó en derivar la instrucción a un órgano superior.
