Una biblioteca pública, un hospital y un centro logístico de Málaga denunciados por hacer trabajar a la plantilla en plena DANA

Málaga

Cuatro empresas de Málaga y un centro de trabajo de titularidad pública han sido denunciados ante la Inspección de Trabajo por obligar a su personal a acudir a sus puestos el pasado 13 de noviembre, pese a que ese día la DANA había motivado un aviso rojo por las fuertes lluvias que se produjeron. El sindicato Comisiones Obreras (CCOO) llegó a formular una veintena de denuncias por tal motivo, aunque mantiene activas solo cinco de ellas, mientras que las otras las paralizó dado que esas empresas tomaron nota de los requerimientos efectuados, atendieron a razones y optaron por cerrar finalmente sus instalaciones.

El secretario provincial de CCOO, Fernando Cubillo, ha asegurado -en declaraciones a EFE- que podrían imponerse sanciones y ha explicado que se obligaba a los trabajadores a asistir a sus puestos o a compensarlo con otros días. Entre los empresas en las que se mantiene la denuncia hay una de logística del polígono Guadalhorce, que por la tarde tuvo que pedir que los servicios de rescate sacaran a sus trabajadores del lugar; un hospital y una agroalimentaria de frutos tropicales.

Una biblioteca

También se ha denunciado a una biblioteca pública, donde dos de los trabajadores que acudieron a sus puestos no podían salir después del recinto por la acumulación de agua en las inmediaciones. Respecto a las empresas que tras incorporarse el personal optaron por cerrar y pedir a sus empleados que se marcharan hay centros comerciales y supermercados.

Cubillo ha explicado que a las 6:00 horas del mismo miércoles desde los departamentos de Recursos Humanos de algunas empresas se avisó a los trabajadores para que acudieran a sus puestos al no llover en una zona concreta, cuando la previsión de precipitaciones las fijaba para las 10:00 horas. Ha comentado el caso del centro de salud público de una localidad malagueña, cuyo director inicialmente pidió a todo su personal incorporarse, incluidos los de consultas, pese a que algunos tenían que recorrer carreteras inundables para llegar al lugar.

Y ello mientras que el alcalde de esa misma población solicitaba a los ciudadanos en un bando municipal que no salieran de sus casas. Más tarde el responsable sanitario rectificaba y solo exigía acudir a los que vivieran a menos una determinada distancia del centro de salud.

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Situación de fuerza mayor

Cree que hay que enviar a empresas y trabajadores el mensaje de que en una situación de fuerza mayor, "en la que se pone en riesgo la vida" de los empleados al ir o volver al puesto, "no puede obligarse a la gente a ir a trabajar bajo la amenaza de descontarle el sueldo".

Ha añadido que una jornada laboral "se podrá recuperar o no dependiendo de cada empresa" y que hay algunas como los mataderos cárnicos en las que se tiene que afrontar la actividad al tener acumulados un número importante de animales al día y hay que establecer unos servicios mínimos.

También ha aludido al conflicto entre la dirección del operador telefónico DIGI y sus trabajadores en la provincia de Málaga, unos 170, al pedir la empresa al personal la devolución de la jornada no trabajada ese 13 de noviembre. Fernando Cubillo también ha reivindicado que se adopten medidas en hospitales públicos y privados de la provincia que son inundables en sus plantas bajas, donde suele ubicarse laboratorios, salas de pruebas radiológicas y tanatorios.

Ha recordado que las instalaciones en Málaga de la antigua empresa Fujitsu, en el polígono Guadalhorce, se inundaron en 1989 al desbordarse el Arroyo de Las Cañas, pero la compañía corrigió la situación al peraltar la zona, de forma que "hoy se inunda el Guadalhorce y Fujitsu no se inunda".

Reclama a empresas y administraciones públicas que lleven a cabo las reformas necesarias para evitar la inundabilidad de zonas inundables y que, ante futuros avisos rojos de precipitaciones, llueva o no se opte por la precaución y la prudencia.

Otro 'callcenter' denunciado

Pudiera parecer que es garantía para la salud e integridad física de las personas trabajadoras pertenecer al grupo de empresas de una conocida compañía de prevención de riesgos laborales, como Antea Prevención, sin embargo, la plantilla de JCP CALL2 BUSINESS no puede decir que sea así. Suman, en Málaga, un total de 218 empleados. El día 12 de noviembre, la delegada de prevención de CGT en el centro de Málaga -Erika Benítez- ya advirtió, al servicio de prevención mancomunado que gestiona Antea para su grupo de empresas, de la necesidad de aplicar medidas preventivas como el teletrabajo por ser la medida más eficaz para evitar cualquier riesgo.

Medida que era posible y que hubiera evitado la vergonzosa situación en la que se encuentran muchas de las personas que trabajan para la compañía a las que se les reclama la recuperación de las horas de trabajo tanto si asistieron al centro como si no lo hicieron como medida de autoprotección.

La empresa decidió que solo pudieran teletrabajar las personas que se desplazaban desde otros municipios. Sus medidas fueron insuficientes, pero además discriminatorias ya que no había una razón objetiva para hacer esa distinción. Cuando la alerta roja ya era una realidad deciden que se trabaje con normalidad, poniendo en riesgo a las personas trabajadoras que decidieron desplazarse a la oficina ante la inacción de la empresa.

El mismo día 13 de noviembre, la empresa comunica pasadas las 11 de la mañana que autorizan el teletrabajo y que, pueden acudir a la oficina a por el ordenador, para realizar la jornada desde casa. Momento en el que ya la alerta roja estaba en vigor y el desplazamiento suponía un riesgo para la seguridad.

La dirección de la empresa ha demostrado no tener ninguna empatía por su plantilla, no ha reconocido ningún error en las reuniones mantenidas con el Comité y carga la responsabilidad sobre las personas que ejercieron su derecho legítimo a proteger su seguridad dada la irresponsabilidad de la empresa. También sobre aquellas que acudieron a su puesto de trabajo y se tuvieron que marchar por su decisión tardía de cerrar la oficina.

Estos hechos ya han sido denunciados ante la Inspección de Trabajo y, a día de hoy, la empresa se niega a retribuir dichas horas informando a las personas afectadas que tienen que recuperarlas para evitar descuentos en sus raquíticas nóminas. La propia Erika Benítez lo ha explicado en SER Málaga en una entrevista que se puede escuchar, al completo, bajo esta información.

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"Nos obligan a recuperar las horas o recortan la nómina" Erika Benítez

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