Tribunales

El juez cita como investigados a la actual gerente del SAS y a sus dos antecesores por los contratos de emergencia de la Junta

Además de Valle García, también son llamados al procedimiento en calidad de investigados los ex gerente Diego Vargas y Miguel Ángel Guzmán

Miguel Ángel Gúzman, Valle García y Diego Vargas

Miguel Ángel Gúzman, Valle  García y Diego Vargas

Sevilla

Un juez de Sevilla investigará toda la gestión del Gobierno andaluz en la contratación sanitaria de emergencia del SAS de los últimos cuatro años.

A petición de la Fiscalía Anticorrupción y del PSOE andaluz, el juez de instrucción 13 de Sevilla, Javier Santamaría, informa a la actual gerente del SAS de la Junta, Valle García y a los ex gerentes, Diego Vargas y Miguel Ángel Guzmán que van a ser investigados y pueden personarse en el procedimiento en el que se investiga si existe un delito de prevaricación administrativa en los contratos de emergencia que ha hecho el SAS desde el 2021 hasta este mismo año. El magistrado, en un auto, cita a los querellados "para cualquier día hábil de este mes de noviembre al objeto de informarles de sus derechos y darles traslado de la querella". Su declaración, señala el auto, se realizará "en un momento posterior".

Santamaría ha abierto diligencias por un supuesto delito de prevaricación administrativa que podría ampliarse si en el curso de las pesquisas se aprecian otros delitos. El PSOE andaluz, que denunció los hechos, considera que también existe el delito de malversación de fondos públicos.

En una providencia, Santamaría también requiere a la Junta de Andalucía para que aporte todo expediente tramitado para su aprobación en Consejo de Gobierno desde el 6 de octubre de 2020 por el que se sustituye el control previo de determinados gastos, órganos y servicios por el control financiero permanente.

Asimismo solicita al Servicio Andaluz de Salud para que aporte los expedientes tramitados por procedimientos de emergencia de su servicio central entre el 21 y el 23. También requiere a la Intervención General de la Junta para que aporte cualquier documento en relación a la tramitación de expedientes por el procedimiento de emergencia, adicionales al informe definitivo de control sobre el cumplimiento de la normativa aplicable en los expedientes de tramitación de emergencias 2022-2023.

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A la Secretaría de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado se le pide que aporte todo informe, resolución o consulta elaborada en relación a la contratación por procedimiento de emergencia con vigencia en el periodo 2020-2023. Y también las solicitudes de informes realizadas desde 2020 por cualquier consejería de la Junta de Andalucía.

Un informe de la Intervención de la Junta señala que en ese periodo las contrataciones de emergencia y sus prórrogas se realizaron contraviniendo la Ley de Contratación Pública al no estar justificadas. El órgano fiscalizador concluyó que esos contratos causaron situaciones de riesgo porque con el procedimiento empleado era imposible comprobar la solvencia de los adjudicatarios. A lo que añadió que en algunos de los contratos analizados no aparece la tramitación del procedimiento previsto para los contratos de emergencia que se firmaron.

 
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