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El 90% del profesado de Málaga confiesa que no puede prestar una atención de calidad a su alumnado, según CSIF

Francisco González / CSIF

Francisco González

Málaga

Un sondeo de cara al final del curso escolar 2023-2024 realizado por el sindicato CSIF Málaga revela que "un 94% del profesorado afirma no poder prestar una atención individualizada y de calidad a su alumnado con las ratios que tienen en sus centros educativos. Es decir, nueve de cada diez docentes admiten que esa masificación les impiden prestar una atención personalizada".

Esta es una de las conclusiones que ha puesto de manifiesto este lunes el responsable del sector de Educación de CSIF Málaga, Francisco González, subrayando que “el 80% del profesorado encuestado en Málaga considera que el número de docentes de su centro educativo ha sido inadecuado o muy inadecuado para atender convenientemente a todo el alumnado”.

Para el responsable sindical, “en este curso que ahora termina no se han dado avances por parte de la Administración para atajar los problemas de nuestro sistema educativo y que desde CSIF consideramos prioritarios, como el déficit de plantillas, las ratios, la falta de recursos para una adecuada atención a la diversidad o el exceso de burocracia”.

Necesidades específicas

Respecto a la atención a la diversidad, incluyendo tanto alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (NEAE) como aquellos con Necesidades Educativas Especiales (NEE), un 85% de los docentes cree que la dotación de recursos personales en este ámbito, es decir, maestros de Pedagogía Terapéutica, Audición y Lenguaje y orientadores, es inadecuada o muy inadecuada, mientras que un 88% considera muy inadecuado o inadecuado el número de alumnos que tienen que atender semanalmente para poder ofrecer una atención que dé respuesta a sus necesidades.

“Estos datos se constatan cuando analizamos que en Málaga en el curso 2019/2020 había 18.231 alumnos NEAE, mientras que actualmente son 23.874 alumnos NEAE, lo que representa un incremento de 5.402 alumnos NEAE en cinco años, es decir, un 31% más”, ha aclarado González, que ha recordado que, “por el contrario, este aumento de alumnado no se ha visto acompañado de un incremento proporcional de los recursos humanos necesarios para atenderlo"

En cuanto a la carga burocrática, un 87% de los docentes afirma que sus tareas de este tipo se han incrementado en este curso escolar y el 97% opina que las labores burocráticas que soportan son elevadas o muy elevadas. Es decir, nueve de cada diez docentes creen que tienen demasiado papeleo superfluo que atender y que no favorece al proceso de enseñanza aprendizaje, sino que les resta tiempo. Un 80% afirma que la reducción de su horario lectivo tendría efectos positivos en la calidad de la enseñanza.

Convivencia y educación privada

Respecto a la convivencia en los centros educativos, un 38% de los participantes en el sondeo asegura que el clima de convivencia en su centro es malo o muy malo, un porcentaje que se incrementa si nos referimos exclusivamente a centros de Secundaria, en los que casi un 53% describe como malo o muy malo el clima de convivencia.

Por otra parte, el responsable sindical se ha referido a la “proliferación de centros privados de Formación Profesional”, que ha considerado “muy negativa”. Se ha producido un crecimiento significativo del alumnado que acude a centros privados, concretamente en los ciclos superiores, donde el aumento ha sido cercano al 93% en Málaga, frente al aumento de alumnado en centros públicos, que no ha llegado al 24%.

A juicio de CSIF, estos datos evidencian que la creciente demanda no está siendo atendida por la enseñanza pública teniendo que dirigirse a la iniciativa privada. “Queremos una apuesta clara por la Formación Profesional en la educación pública, con la creación de centros públicos de este nivel educativo, adecuando la oferta a la demanda existente e impulsando la oferta pública”, ha reivindicado.

Según los cálculos de la central sindical, se necesita inyectar al sistema educativo público, al menos, 2.200 profesionales en la provincia de Málaga, que deberían incorporarse a los centros a lo largo de los tres próximos cursos escolares para garantizar una educación pública de calidad al alumnado.

 
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