La expresidenta de Parque Animal a juicio por, supuestamente, apropiarse del dinero de la protectora

Málaga

Nuevo juicio esta semana a la expresidenta de la protectora Parque Animal de Torremolinos.

En esta ocasión Carmen Martín se enfrenta a cuatro años y medio de prisión acusada de apropiarse para fines particulares de 274.000 euros de la protectora.

Dinero que, según la Fiscalía, la procesada gastó en grandes almacenes, alquiler de coches, hoteles, viajes, gimnasios o restaurantes. En ocasiones pagando con la tarjeta de la Protectora, en otros, con retiradas en efectivo, casi 80.000 euros, asegura el ministerio público en su escrito de acusación.

Y eso solo en dos años. Entre 2008 y 2010 la expresidenta de Parque Animal pagó con fondos de la Protectora doce mil euros en billetes de tren, diez mil euros en comidas, cinco mil en hoteles de lujo en España, Estados Unidos, Rusia o Marruecos y gastó más de cien mil euros en unos grandes almacenes.

El juicio está previsto este martes en la Sección Segunda de la Audiencia de Málaga.

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Segundo juicio

Es el segundo juicio a Carmen Martín, condenada en 2017 a tres años y nueve meses de cárcel por el sacrificio masivo, doloroso e indiscriminado de más de dos mil perros y gatos que ingresaron en la Protectora para ser cuidados tras cobrar entre 25 y 60 euros por la manutención. Fue la primera persona en ingresar en prisión por maltrato animal al que se sumaron los delitos de falsedad documental e intrusismo profesional.

El Juzgado de lo Penal número 14 de Málaga condenó en 2017 a la que era presidenta de Parque Animal de la localidad malagueña de Torremolinos a la pena de tres años y nueve meses de prisión y multa de 19.800 euros por los delitos continuados de maltrato animal, falsedad e intrusismo profesional, por el sacrificio "masivo" e "indiscriminado" de perros y gatos.

La sentencia consideró probado que la acusada era quien "impartía las instrucciones y ejecutaba materialmente los hechos" con la colaboración de un trabajador, que también ha sido condenado por maltrato e intrusismo profesional a un año de cárcel y multa; realizando los sacrificios desde principios de 2008 y al menos hasta octubre de 2010.

La resolución hacía hincapié en que los sacrificios se realizaban "sin control alguno veterinario", inyectando la acusada "sin previa sedación y por vía intramuscular, los productos eutanásicos" y suministrándoles "menor dosis del medicamento de la que está indicada para producir una muerte indolora".

Esto, unido al empleo de una vía "inadecuada", daba generalmente "una muerte lenta y con dolorosa y prolongada agonía", provocando, dice el juez, "unos padecimientos totalmente injustificados antes de morir". "Los sacrificios no atendían a ningún criterio por la edad o estado de salud del animal o porque hubiesen transcurrido más de diez días desde que fueran albergados", señala la sentencia.

En octubre de 2017 la Audiencia de Málaga confirmó la sentencia del juzgado.