Un año en la vida política de Maracena: un secuestro, tres alcaldes, denuncias cruzadas y una moción de censura

Granada

El secuestro de una concejal de Maracena (Granada) en febrero de 2023, meses antes de las últimas elecciones municipales, ha marcado la política de esta localidad en un año con investigaciones judiciales, dimisiones, un cuatripartito, denuncias cruzadas y una moción de censura que se votará el martes. El Ayuntamiento de Maracena votará este martes en un pleno extraordinario la moción de censura registrada dos semanas antes, un acuerdo entre PSOE, IU y Maracena Conecta con el que los socialistas esperan recuperar el bastón de mando que tomó el PP en las últimas elecciones municipales. La moción marcará el punto final, o seguido, a un año en el que política, sucesos y tribunales se han enredado hasta dibujar una última semana de cruces de denuncias, vigilantes de seguridad privada custodiando expedientes públicos y protestas de parte de los funcionarios.

En nuestro programa "Hoy por Hoy Granada" del pasado 11 de abril hablamos con todos los protagonistas:

Como el del próximo martes, también fue extraordinario el pleno que se celebró el 1 de marzo del año pasado para abordar el secuestro unos días antes de la que era aún concejal socialista Vanessa Romero, un pleno en el que se habló de corrupción, de denuncias y de pactos.

Aquel suceso y una instrucción que vinculaba con el secuestro a la alcaldesa y candidata socialista, Berta Linares, marcó unas elecciones en las que el PSOE ganó pero no pudo retener la Alcaldía ante un pacto de PP y Vox con los dos partidos independientes, Quiero Maracena y Maracena Conecta.

Así, este municipio del área metropolitana que se conoció como el 'cinturón rojo' vivió la investidura de Julio Manuel Pérez, el segundo alcalde del PP del municipio tras el mandato de su padre, también Julio Manuel Pérez, entre 2003 y 2007.

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El cierre este pasado enero de la instrucción del secuestro, con el archivo de la causa contra la exalcaldesa y el que fue su concejal de Urbanismo, Antonio García Leiva, hizo brotar conversaciones que han florecido en el registro de la moción de censura el pasado 2 de abril.

Ese acuerdo, que si se cumple el guión convertirá en alcalde al socialista Carlos Porcel, cuenta con la firma de la concejal de Maracena Conecta, Amabel Adarve, que hasta hace dos semanas era la responsable de Deportes, Juventud y Fiestas, pero que ha abandonado el pacto a cuatro de 2023.

Desde su salida del cuatripartito, ha denunciado ante la Guardia Civil las injurias e intimidaciones que sufre a través de redes sociales, amenazas y hasta daños a un coche como el suyo, pero de un vecino, aparcado junto a su vivienda.

También ha salido del cuatripartito y del PP la concejal de Subvenciones, Formación, Empleo, Agenda 2030, Medio Ambiente y Bienestar Animal, Soledad Carmona, que esta misma semana se ha pasado al grupo de no adscritos y ha pedido la baja del partido.

Estos cambios de bancada política y el registro de la moción de censura han dado paso a una semana de visitas a la Guardia Civil del equipo de gobierno y del PSOE, un cruce de denuncias para poner de nuevo el foco en el urbanismo y en posibles irregularidades, igual que pasó tras el secuestro.

El equipo de Julio Manuel Pérez ha aportado documentación de posibles casos de prevaricación, malversación de caudales públicos y delitos urbanísticos cometidos durante 16 años de gobiernos socialistas, expedientes de compras de material covid, sobre el teatro municipal y sobre urbanizaciones en zonas de expansión.

Según el PSOE, es solo la desesperación final de un alcalde al que han denunciado por usurpación de funciones públicas por contratar a un vigilante de seguridad para custodiar expedientes públicos, un encargo a una empresa privada contestado por los sindicatos y parte del personal, que se ha concentrado como muestra de protesta.

Ese ambiente crispado provocó este sábado que se suspendiera el pleno extraordinario convocado para hablar sobre esos años de posibles irregularidades, una decisión tomada esta vez por unanimidad.

También este sábado quedó precintado el despacho del arquitecto municipal, una respuesta a la orden de la Policía Judicial de la Guardia Civil, que por segunda vez en una semana ha ordenado custodiar expedientes públicos.

En este ambiente, Maracena se prepara para votar un cambio de alcalde tras diez meses de un gobierno cuatripartito que tornó el color político de este municipio metropolitano.