Sentencia millonaria al SAS por demorar una cesárea que ha dejado a una niña con un 95% de discapacidad

malaga

Fin del periplo judicial, de varios años de duración, para unos padres malagueños y su hija, que ha quedado postrada y en un estado total de dependencia desde el parto, tras la reclamación al Servicio Andaluz de Salud, por la negligencia médica cometida, causando secuelas y graves daños causados a la niña con sufrimiento fetal tras parto, confirmándose la indemnización de 2.683.022 € más intereses, lo que puede suponer en la actualidad unos 3.500.000 € en total, aunque todavía no ha sido pagado por el condenado.

Es una de las sentencias condenatorias más altas, en vía contencioso-administrativa de España, en cuanto a su indemnización por daños causados por un servicio público de salud a una niña por sufrimiento fetal perinatal, tras parto, quedando con un 95% de discapacidad reconocida. La Sentencia es firme.

Tras la tramitación de la reclamación patrimonial el SAS desestimó la misma, obligando a dichos padres a interponer una demanda presentada por el abogado Damián Vázquez, colaborador de la Asociación ‘El Defensor del Paciente’, dictándose una primera sentencia condenatoria por el Juzgado de lo Contencioso nº1 de Málaga que fue recurrida en apelación por la administración sanitaria. Con fecha 15-6-22 se dictó sentencia por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia, dando de nuevo la razón a la víctima de la negligencia médica que, de nuevo, fue recurrida por la Junta de Andalucía, en este caso en casación ante el Tribunal Supremo, que el día 6-7-2023 ha dictado Providencia por la que no admite a trámite dicho recurso de casación, en la que el SAS quería discutir el baremo aplicable a efecto de indemnización y declarando firme la sentencia.

Se acoge el criterio del abogado Damián Vázquez y se aplica el baremo actual para el pago de la indemnización pese a que los hechos son de fecha del anterior, lo cual es un logro para la víctima y sus necesidades, ya que necesita atención especializada y cuidados diarios durante toda su vida.

Con relación a los hechos reclamados en la demanda, esta mujer malagueña acudió al Servicio de Urgencias del Hospital Clínico Virgen de la Victoria de Málaga el 12 octubre de 2014, en su 38ª semana de gestación, por presentar contracciones, pero fue dada de alta a su domicilio. Acudió, de nuevo, al día siguiente, quedando ahora sí ingresada en planta de dicho hospital.

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Tras cinco días de espera e insistencia de los futuros padres para que se realizara cesárea, no sería hasta las 19:30 del día 17 octubre de 2014, cuando los médicos adoptan protocolo de parto, apareciendo desaceleraciones variables que transformaron el patrón de FCF a bradicardia sostenida a 80-100 lpm seguida de pérdida de foco, por lo que se indicó cesárea emergente.

Informaron a la madre que había sufrido un desprendimiento de placenta, con sufrimiento por hipoxia isquémica de la bebé. La niña nació en parada cardiorrespiratoria, precisando de maniobras de reanimación, intubación y dosis de adrenalina. Ante los evidentes daños que había sufrido dicha menor, esta debió ser trasladada con carácter urgente al Hospital Virgen de las Nieves de Granada.

En todas las instancias judiciales, se ha conseguido demostrar la negligencia médica, con un daño desproporcionado, por demora en la cesárea y sufrimiento fetal en el parto, con apoyo en informe pericial de ginecólogo y de perito judicial, frente a los aportados por el Servicio Andaluz de Salud.

El abogado Damián Vázquez, de la Asociación ‘El Defensor del Paciente’ destaca la importancia de esta sentencia millonaria, por un importe de más de 2.683.022 €, más intereses, que van a ayudar a los padres y a esta niña para que puedan prestarle la ayuda y atención especializada que necesita, con una gran invalidez y minusvalía del 95%.

La negligencia médica está acreditada, por el compromiso fetal intrauterino que obligaba a realizar una cesárea de urgencia e igualmente consta acreditado en el historial médico la existencia de encefalopatía hipóxico-isquémica y desaceleraciones en los monitores. En estos casos la rapidez y urgencia en la cesárea es vital para evitar daños irreversibles a esta niña como ha sido el caso, siendo el registro claramente patológico. El daño es desproporcionado e inasumible, ya que la taquisistolia supone un compromiso en la oxigenación del feto, que debe ser siempre corregida.

Se reconoce íntegramente la cantidad indemnizatoria solicitada ya que el sufrimiento fetal perinatal le ha originado secuelas como tetraparesia, encefalopatía hipóxico-isquémica espástico-distónica, trastorno cerebro motor, epilepsia no controlable, gastrectomía total, dependencia total, intervenciones quirúrgicas y minusvalía de un 95%, con total dependencia de sus padres.

Se trata de una deficiente asistencia médica ginecológica, ya que una vez iniciada la inducción al parto pasó desapercibida la polisistolia, porque nadie reparó ni en mencionarlo ni en avisar a los ginecólogos de guardia. Igualmente, las alteraciones de la frecuencia cardio fetal que se presentaron durante el registro cuando apareció la polisistolia tampoco fueron mencionadas hasta las 19:57 horas, lo que demuestra una falta de control sobre la evolución del parto. Se produjo un desprendimiento prematuro de la placenta normalmente inserta que no se diagnosticó hasta que no se realizó la cesárea. Todas las secuelas padecidas por la niña tras nacer se deben a una mal praxis médica, ya que los circuitos diseñados por el Servicio Andaluz de Salud (SAS) no funcionaron de forma adecuada en este caso, produciéndose lesiones irreversibles en la hija de los padres reclamantes.

Se desestima igualmente la solicitud del Servicio Andaluz de Salud de reducir la indemnización por pérdida de oportunidad, y aplicación del baremo utilizado por analogía para negligencias médicas, confirmando la condena de 2.683.022 € de indemnización, más intereses desde fecha de los hechos (parto).

La defensa del caso ha sido dirigida por el abogado Francisco Damián Vázquez Jiménez, especialista en Derecho sanitario y adscrito a los Servicios Jurídicos de ‘El Defensor del Paciente’.