Piden penas que oscilan entre 190 y cuatro años a un total de 23 acusados de prostitución en Málaga
Las mujeres eran explotadas sexualmente mediante el ejercicio de la prostitución en una zona de Puerto Banús, en Marbella
Juzgados de Málaga / Europa Press
Málaga
Un total de 23 personas se enfrentarán a penas de prisión que oscilan entre 190 y cuatro años por delitos relacionados con la prostitución, trata de seres humanos y blanqueo de capitales.
El macroproceso acaba de llegar a la Audiencia Provincial de Málaga y se ha instado a que se entregue la causa de forma simultánea a todas las defensas para que en un periodo de cinco días presenten sus calificaciones provisionales.
El fiscal ya ha redactado su escrito acusatorio y en el que afirma que los acusados presuntamente formaban parte de una organización que se dedicaba a llevar a España mujeres jóvenes de nacionalidad búlgara.
Las mujeres eran explotadas sexualmente mediante el ejercicio de la prostitución en una zona de Puerto Banús, en Marbella (Málaga), y los procesados se aprovechaban de que no tenían recursos económicos y, en muchos casos eran analfabetas y les habían prometido una nueva vida en España.
El ministerio público señala que una vez en España eran obligadas en unos casos y en otros seducidas para ejercer la prostitución, si bien ellas no gozaran del rendimiento obtenido, sino que los acusados que la reclutaban obtenían "pingües beneficios".
Presuntamente las alojaban en pisos ubicados en Torremolinos (Málaga) que regentaban personas también relacionadas con los acusados y las trasladaban a diario a Puerto Banús para ejercer la prostitución.
El inicio de la investigación se inició a raíz de la denuncia presentada por una testigo protegida que manifestó que en noviembre de 2012 fue traslada a España desde Alemania por un hombre de nacionalidad turca para trabajar en la hostelería y al llegar a Málaga unas personas la estaban esperando en el aeropuerto.
Tras quitarle la documentación y el teléfono móvil la trasladaron a Torremolinos y desde allí la llevaban con otras mujeres a Marbella, a las que en caso de no entregar lo recaudado las golpeaban y amenazaban.
La última agresión fue a principios de diciembre de 2012 y debido a las lesiones fue trasladada a un club de alterne cerrado en Pelayo (Algeciras), donde tras estar cuatro días, consiguió marcharse e interponer la denuncia.
En la organización había unos máximos responsables que eran los que manejaban las pautas de actuación de todos los colaboradores y determinaban qué mujeres podían trabajar y en qué condiciones.
