Sevilla

El Gobierno andaluz ha defendido este martes la legalidad de todos los contratos de emergencia realizados en el ámbito sanitario desde el inicio de la pandemia y ha anunciado que trabajan en un nuevo sistema centralizado de contratación desde junio -cuando finaliza la última prórroga- para ganar en transparencia.

El portavoz del Ejecutivo autonómico, Ramón Fernández-Pacheco, ha defendido en rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno la legalidad de todos los contratos de emergencia realizados en el SAS, ya que cuentan con los informes jurídicos y de la intervención favorables, así como la "fiscalización oportuna" de la Cámara de Cuentas.

Ha argumentado que el objetivo siempre ha sido "salvar vidas" y que todavía el SAS está pagando "las consecuencias" de la covid-19.

Además, ha garantizado que no se ha producido "discrecionalidad" alguna en las contrataciones de emergencia, cuyo decreto ha tenido prórrogas hasta junio de 2023 a pesar de la disminución de la covid-19.

El SAS está "centrado en normalizar esa situación" y por eso trabaja, en el "horizonte de junio", para tener u nuevo sistema de contratación centralizada que permita "optimizar los recursos de todos", ha explicado el portavoz.

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Ese sistema centralizará todas las contrataciones de bienes y servicios, que hasta ahora se estaban haciendo a través de los hospitales y centros de cada provincia, para así tener "una economía de escala" y apurar "hasta el último céntimo".

El objetivo de la Junta es que no se sigan prorrogando los contratos de emergencia por la covid-19, aunque el portavoz ha manifestado que la máxima que siempre persigue el SAS es "la de salvar vidas".

El Ejecutivo andaluz ha recalcado en varias ocasiones que no actúa con discrecionalidad en las contrataciones de emergencia, ya que "todas" están hechas "de acuerdo a la ley" de contratos, con el "aval" del gabinete jurídico, "fiscalizadas" por la intervención de la Junta y, las que han sido requeridas ya, por la Cámara de Cuentas.

"Este gobierno no hace adjudicaciones a dedo, no tiene nada que ocultar", ha señalado Fernández-Pacheco, quien ha aludido a las contrataciones necesarias en el marco de la pandemia y de sus "consecuencias" posteriores.

Ha insistido en que "todo ha sido absolutamente legal" y ha resaltado, por ejemplo, que en 2021 las contrataciones de emergencia fueron el 20 % de las intervenciones quirúrgicas, y en 2022 bajaron al 13,7 %.

El portavoz ha señalado que se trata de "emergencias justificadas a nivel técnico", no político, ya que los consejeros no están "para decir lo que es legal o no" y "para eso existe el gabinete jurídico y la intervención".

Críticas desde la oposición

El secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, ha criticado este martes que, hasta ahora, sólo ha obtenido "silencio" del presidente de la Junta de Andalucía, el popular Juanma Moreno, en relación a la presunta comisión de un "fraude de Ley", con "más de 130 millones", a su juicio, desviados de recursos públicos a la sanidad privada, "a dedo" y "sin ningún tipo de procedimiento" legal que lo ampare.

El coordinador general de Izquierda Unida Andalucía, Toni Valero, ha calificado este martes como "presunto caso de corrupción" que la Junta de Andalucía siguiera recurriendo a una normativa derogada para hacer contratos con las mismas premisas que estuvieron vigentes para afrontar la pandemia de coronavirus, por lo que ha reclamado que "esto se tiene que aclarar" en alusión a "dar a dedo a clínicas privadas 117 millones, fuera del amparo legal" y advertir que "con el dinero público no se juega".