La Audiencia acoge este lunes el juicio por estafar ahorros a clientes de un banco de Linares-Baeza
Fiscalía reclama 12 años de prisión por un fraude que podría haber alcanzado los 5,1 millones de euros
Sala de la Audiencia de Jaén totalmente vacía y preparada para la celebración de juicios / Europa Press
Jaén
La Audiencia de Jaén tiene previsto acoger desde este lunes y durante toda la semana el juicio contra el que fuera el director de la única oficina bancaria de Linares-Baeza, acusado de estafar más de cinco millones de euros a unos 300 clientes.
En concreto, por parte de Fiscalía se le acusa de que entre los años 2000 y 2011, "con ánimo de lucro propio y en beneficio de terceros, realizó disposiciones indebidas de fondos depositados en cuentas de los clientes, sin el consentimiento ni la autorización de estos".
No se sentará solo en el banquillo, le acompañarán otras 12 personas, entre ellas su mujer, su hermano y su cuñada. La cuantificación del fraude asciende, según el escrito de calificación provisional del Ministerio Fiscal al que ha accedido Europa Press a 5.110.264,30 euros. La entidad bancaria, a fecha 31 de diciembre de 2012, indemnizó a todos los perjudicados, con algunas excepciones que se verán durante el juicio.
La primera fase de la llamada operación Arcarius puso al descubierto una compleja trama de delincuencia económica y financiera a cargo del acusado que tenía una banca paralela con la que supuestamente blanqueaba dinero y utilizaba los fondos de los clientes estafados para rentabilizar inversiones. Junto al director de la oficina bancaria, que ingresó en prisión en noviembre de 2011, la Policía Nacional detuvo a otras 18 personas, entre ellas directores generales y ejecutivos de grandes empresas nacionales.
El modo de operar en esta presunta estafa tenía varias modalidades como el desvío de fondos aportados por los clientes para la constitución de imposiciones a plazo fijo u otros productos de ahorro con características similares. También contemplaba la cancelación anticipada, sin conocimiento ni consentimiento del cliente, de imposiciones a plazo fijo.
También se le acusa por parte del Ministerio Público de disponer de fondos de las libretas, sin conocimiento ni consentimiento de los clientes, manipulando el saldo de las mismas, para que la falta de fondos no fuese detectada por los clientes. También de disponer de los fondos que los clientes aportaban para la cancelación de los préstamos, simulando la cancelación de los mismos y desviando los fondos para otros fines.
Dentro de la estafa también se recoge la formalización de préstamos por parte del acusado, a nombre de clientes, sin su conocimiento y consentimiento. Otra modalidad era engañar a clientes que mantenían deudas con la entidad, tanto con garantías hipotecarias como personales, ofreciendo la dación en pago de los inmuebles que mantenían en la misma para cancelar dichas deudas, sin posteriormente proceder a dicha cancelación y apropiarse de forma personal de dichos inmuebles, sin cancelar las deudas que los clientes mantenían en la entidad.
Añade el Fiscalía que con la finalidad de dar al dinero obtenido apariencia de legitimidad y evitar que se pudiera descubrir su origen ilícito, el encausado, con la colaboración de su esposa, su hermano y su cuñada, así como del resto de encausados, quienes conocían tal circunstancia, -valiéndose de cuentas inactivas de clientes o que habían solicitado cancelar, o incluso mediante entregas en efectivo o a través de cheques- desvió fondos depositados en la entidad que dirigía a empresas propias o a terceros.
De esta forma, "crearon un complejo entramado de personas físicas, y personas jurídicas, al frente de las cuales se encontraban familiares, allegados y empleados, que mediante el anterior procedimiento lograban que ese dinero obtenido de manera ilegal fuera integrado en el sistema legal con apariencia de haber sido obtenido de manera lícita".
El Ministerio Fiscal ha calificado los hechos como constitutivos de un delito continuado de falsedad en documento mercantil, otro de blanqueo de capitales, insolvencia punible y coacciones. Por ellos, al principal encausado le reclama 12 años de prisión. Además, en concepto de responsabilidad civil, se les reclama que indemnicen a la entidad en los algo más de cinco millones que se han calculado como estafados.
