Intrusismo: cazados 15 taxis-piratas y denunciados 7 VTC en apenas una semana en la ciudad de Málaga
Tan solo diez personas han sido sancionadas por orinar en la vía pública
El dispositivo de vigilancia contra el intrusismo, “taxis-pirata”, se salda con 31 denuncias por varios incumplimientos en las 59 intervenciones realizadas / Agencias
Málaga
La Policía Local de Málaga ha tramitado en la última semana un total de 63 denuncias, 67 a establecimientos y 36 personas de la zona del centro histórico, y los distritos de Teatinos y Carretera de Cádiz por incumplir las ordenanzas de convivencia ciudadana
Respecto al dispositivo policial extraordinario de vigilancia contra el intrusismo en el servicio de transporte público, de control de VTC y de taxis, se han realizado un total de 59 intervenciones cuyo resultado ha sido 31 denuncias por diferentes incumplimientos: 9 taxis, 15 taxis-pirata y 7 VTC.
En lo referente al control del cumplimiento de la ordenanza de Ruido se ha denunciado a un total de 36 personas: 3 personas por cantar o proferir gritos en la vía pública y el resto por realizar actividades que impedían descansar los vecinos
En cuanto la ordenanza de convivencia Ciudadana se han efectuado un total de 21 denuncias, 6 de ellas por consumir bebidas en zonas no autorizadas; 10 por hacer las necesidades fisiológicas en la vía pública; y otras 4 por ordenar el aparcamiento sin autorización
Las 10 denuncias por hacer las necesidades fisiológicas en la vía pública se han registrado en las calles Beatas (5) Granada (1) Granados (2) y San Telmo (2)
En actuaciones sobre establecimientos públicos, se han sancionado a 27 por diferentes motivos relativos a diferentes ordenanzas.
De las denuncias interpuestas: 6 por no tener la documentación exigida en regla; 5 por dejar transcender música al exterior por puertas o ventanas; 4 por causas relacionadas con ocupación indebida de la vía pública sin autorización y 2 por venta tabaco en lugares no permitidos
Las denuncias relacionadas con la contaminación acústica pueden suponer una sanción administrativa cuyo importe oscila entre los 600 euros, las catalogadas cómo leves y los 300.000 euros, las consideradas cómo muy graves; respecto las relacionadas con la ordenanza de Convivencia Ciudadana a partir de los 300 euros.
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