El Movimiento Ciudadano anima a las parcelaciones a iniciar el proceso de acceso a servicios con la Oficina del Territorio

Córdoba

En septiembre se iniciará el trabajo de la oficina de ordenación del territorio que Urbanismo y el Consejo del Movimiento Ciudadano han impulsado y cuyo objetivo es iniciar procedimiento de adelanto de servicios básicos que permite la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (LISTA). Aunque las situaciones de las 11.000 viviendas de Córdoba son muy heterogéneas.

El presidente del Consejo del Movimiento Ciudadano (CMC), Juan Andrés de Gracia, espera que al menos 60 de las 120 parcelaciones con las que se han reunido acudan a la oficina para iniciar el camino de acceso a estos servicios. La ley que permite contar con ellos sin necesidad de un proceso de legalización, aunque con condiciones. Aproximadamente la mitad de estas parcelaciones interesadas, según sus cálculos, tendrá "posibilidades" de conseguirlos. Y será por factores como la unidad que haya en la parcelación, las posibilidades de infraestructuras o su situación urbanística. Y es que la nueva ley complica este procedimiento en parcelaciones situadas en zonas de especial protección, de riesgo de incendio o inundables.

El proceso a seguir será por la vía de ser considerado urbanísticamente AFO, Asimilación Fuera del Territorio, o por la de desarrollar un plan general de infraestructuras que deberá ser asumido por los propietarios. En todo caso, este proceso de acceso a servicios traerá consigo una inversión que deben preparar.

En Córdoba hay unas 90 parcelaciones que pueden desarrollar distintos mecanismos para adelantar servicios aunque no puedan hacer el proceso de urbanización.

La oficina de ordenación del territorio de Córdoba dará respuesta a las parcelaciones de forma individual que lo soliciten y se les explicará "cómo es la situación, cuáles son las vías que abre la ley nueva y a partir de ahí se verá si los propios parcelistas están dispuestos a recorrer el camino que necesitan hacer", explica de Gracia.

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"Se ha ido pasando del escepticismo a una cierta ilusión, aunque hay que aclarar cada caso", añade con respecto a los contactos entre Urbanismo y el CMC con los parcelistas para la puesta en marcha de la oficina. El trabajo que se realizará desde la oficina será muy técnico y, en cuanto al pago de las infraestructuras, se analizarán fórmulas para realizarlo.

En cuanto al plazo para conseguir los servicios básicos una vez se inicie el proceso, es difícil de calcular porque hay parcelaciones con la documentación avanzada e incluso el dinero preparado, como Campiñuela, podría tener acceso a servicios "relativamente rápido". Todo ello, contando con que la oficina "no se colapse" por acumulación de trabajo, que requeriría un refuerzo de personal, en opinión del presidente del Consejo del Movimiento Ciudadano.

El proceso de acceso a servicios también dependerá de la voluntad de las parcelaciones y de la "capacidad" de realizarlo, porque también deberán contratar al equipo técnico que haga el proyecto.

"Lo importante es que las parcelaciones inicien el camino para conseguir los servicios básicos". Juan Andrés de Gracia tiene claro que, en cuanto haya parcelaciones que lo consigan, muchas otras se animarán a seguir sus pasos.

El Consejo del Movimiento Ciudadano espera que la Consejería de Fomento tenga listo en octubre el reglamento de la LISTA, aunque su presidente matiza que con la ley aprobada y la normativa municipal existente, ya se puede comenzar a trabajar.

De acuerdo con "el fondo" de la protesta de parcelistas

El CMC ha mostrado su respeto a las protestas que los parcelistas, a través de Córdoba Extrarradio, han protagonizado este martes con el corte de la N-432 a la altura de Carrera del Caballo.

"Hay una situación muy complicada, fundamentalmente de agua pero también de electricidad. Nosotros no hacemos este tipo de acciones y nos mantenemos al margen de ellas, pero en cuanto al fondo, tienen toda la razón", ha valorado de Gracia.

En cuanto a la situación de escasez de agua en los pozos, ha insistido en que las personas que viven en estas 11.000 casas deben tener acceso a servicios de agua potable y electricidad, aunque también haya que pensar en el medio ambiente, porque puede haber unos 10.000 pozos de los que se saca agua del subsuelo y unas 10.000 fosas sépticas "posiblemente". Por lo que ya afecta a la "seguridad personal" y al territorio. Por eso, es necesario "consolidarlo ya, porque esto se nos fue de las manos en esta ciudad y lo que hay que intentar es que las personas estén en las mejores condiciones posibles ya que son vecinos y vecinas que conviven con nosotros".