La fiscal de Medio Ambiente, Pilar Álvarez, pide más recursos para imprimir agilidad a la macrocausa del incendio de las Peñuelas de Moguer, pendiente de juicio cinco años después

Este 24 de junio se cumplen cinco años del incendio de las Peñuelas de Moguer que arrasó 10.340 hectáreas de terreno del entorno natural de Doñana en su mayor parte de titularidad pública. Uno de los incendios más relevantes ocurridos en Andalucía en los últimos años, también por la proximidad a Doñana, a cuyas puertas se logró frenar el fuego. Cinco años después la causa, con más de 600 perjudicados, según fuentes del caso, sigue en fase de instrucción en el Juzgado de Instrucción Número dos de Moguer, pendiente de la celebración del juicio. La instrucción está a punto de culminar, pero el problema radica en el volumen de damnificados, que ha elevado a macrocausa el procedimiento y para el que, en el caso de la Fiscalía de Medio Ambiente, lo lleva, sin refuerzos, la fiscal, Pilar Álvarez.

El proceso que en sí no tendría mayor complicación desde el punto de vista técnico, explica la fiscal de Medio Ambiente, porque se trataría de acreditar probados o no los hechos investigados, que en sí no difieren de cualquier otro incendio forestal imprudente, pero se está dilatando por el cúmulo de perjudicados y por consiguiente, de periciales que se están practicando, que se extienden en una treintena de tomos. La Fiscal de Medio Ambiente vaticina que será un juicio largo por el volumen de partes implicadas en la causa, pero hasta llegar a ese punto hay que pasar las fases previas y para agilizar el proceso harían falta mayores recursos con los que no se cuentan actualmente.

Según la fiscal habría que repensar el hecho de que la responsabilidad civil, al menos en estas macrocausas y quizás en los delitos imprudentes, se tramite de manera conjunta con la penal, porque aunque éste camino pretenda favorecer a los perjudicados, se topa con la falta de medios para afrontarlo. Por otra parte, la reclamación de la posible responsabilidad civil queda limitada a los acusados, a la posible empresas a ellos vinculada y al posible seguro de esa empresa o entidad. La exigencia de responsabilidad civil a cualquier otra persona física o jurídica no puede llevarse en este procedimiento. El derecho penal no tiene músculo para un proceso de esta dimensión, sostiene Pilar Álvarez que confía en que en este año se pueden concluir la investigación.

Una de las soluciones para imprimir agilidad a la causa sería contar con mayores recursos humanos para este tipo de procedimientos. Este caso desborda cualquier instancia a la que alcance, según Álvarez. Ella misma está sola para ordenar una causa de estas dimensiones con miles de folios y cientos de perjudicados. La fiscal de Medio Ambiente se plantea si en un caso de estas dimensiones es operativo el modelo vigente del procedimiento penal, probablemente obsoleto para cualquier tipo de procedimiento, pero más aún, para los de estas dimensiones.

La causa está en secreto de sumario y se investiga no por dolo sino por imprudencia. La única empresa investigada es la carbonera, que ahora está en concurso de acreedores

Únete al canal de WhatsApp de la SER