Se enfrenta a 4 años de prisión y al pago de una indemnización de 89.315 euros por estafar a una comunidad

Palencia

La Audiencia Provincial de Palencia tiene previsto juzgar a un hombre por, presuntamente, estafar a una comunidad de Vecinos. Por este motivo el ministerio Fiscal solicita una pena de 4 años de prisión y el pago de una multa a razón de 12 euros diarios y de una indemnización de 89.315,11 euros más intereses al tipificar los hechos como un delito de estafa agravada o, alternativamente, como de administración desleal. La acusación particular, sin embargo, califica los mismos hechos como delito de administración desleal en concurso con un delito de estafa agravada por lo que eleva la petición de penas a 8 años de cárcel, multa de 24 meses a razón de una cuota de 50 euros diarios, la misma indemnización que el Fiscal y, a mayores, otros 50.000 euros por perjuicios materiales y morales.

Según el relato del Fiscal el acusado, que era administrador y socio único de una empresa de construcción, era también administrador de una comunidad de propietarios de la capital y, como tal, tenía autorización para actuar en su nombre en la cuenta que los vecinos tenían en una entidad bancaria. Presuntamente, en el año 2017, firmó un contrato para la ejecución de una serie de obras para la eliminación de barreras arquitectónicas, el arreglo del portal y la instalación de un ascensor por un precio cerrado de algo más de 130.000 euros, IVA incluido. Se celebró una junta de vecinos en la que, por mayoría, se eligió a la empresa del acusado para acometer las obras.

Consiguió que los propietarios ingresaran en una cuenta algo más de 100.000 euros para afrontar la obra. El Fiscal da por probado que ocultaba a la comunidad que no tenía intención de cumplir las obligaciones que nacían del contrato". Entre julio de 2017 y noviembre de 2018, el acusado ordenó 15 transferencias desde la cuenta de la comunidad de propietarios a la de su empresa por importe de algo más de 72.000 euros. Además, siempre según el ministerio público, en ese periodo habría ordenado otras tres trasferencias, por algo más de 25.000 euros, a otras cuentas de las que también era administrador y socio único.

Tras obtener licencia municipal las obras arrancaron en marzo de 2018 quedando paralizadas en noviembre cuando lo ejecutado no superaba el 9% del total presupuestado. En marzo de 2019 la junta de vecinos aceptó la renuncia del procesado como administrador y acordó la resolución del contrato suscrito con la constructora. Acordando en mayo de ese mismo año continuar y finalizar la obra con otra empresa por un importe de 110.000 euros.