La Oficina Antidesahucios de la capital balear ha tramitado un 25% de expedientes más en el último año
Mientras en 2015 la mayoría de casos se daban por impagos de hipotecas, ahora la situación ha cambiado y más del 60% de expedientes son por no pagar el alquiler
El director municipal de Vivienda, Josep Maria Rigo
Palma
Aumentan los problemas por imago de vivienda y el riesgo por desahucio en Palma. La Oficina Antidesahucios de la capital balear ha tramitado un 25% de expedientes más en el último año. Crecen los casos relacionados por impagos del alquiler frente a la hipoteca. Las principales damnificadas: mujeres solas o con hijos que representan el grueso de los expedientes que actualmente tramitan las oficinas municipales.
Josep Maria Rigo, director municipal de Vivienda, explica que la oficina que se puso en marcha en 2015 para dar respuesta a la crisis de las hipotecas ha tramitado alrededor de 5.000 expedientes en los últimos seis años. En el primer trimestre de este 2022 se han instruido 228 asuntos, lo que hace una media de unos 76 casos por mes.
El año pasado la media mensual estaba en 60, por lo que todo parece indicar que el balance de este año será superior en expedientes con respecto al anterior. En el último año se han logrado frenar el 54% de los desalojos previstos en la ciudad. Rigo afirma que, a pesar de la labor de mediación que la oficina ejerce con los propietarios de las viviendas para evitar que los inquilinos se queden sin hogar, las entidades bancarias siguen siendo reacias a negociar y a resolver la problemática.
La mayoría de titulares de los expedientes instruidos por la oficina son mujeres, alrededor del 60%, y la tipología es de madres con hijos, familias monoparentales o personas solas, la mayoría mujeres. Los barrios que presentan una mayor problemática son los de mayor densidad, sobre los que se extienden por la segunda corona del Eixample como Son Gotleu, Pere Garau, Foners, Camp Redó, Rafal Vell y Bons Aires.
Mientras que en 2015 la mayoría de casos se daban por impagos de hipotecas, ahora la situación ha cambiado y más del 60% de expedientes son por no pagar el alquiler. Rigo sostiene que la situación económica es complicada y que hay familias que llegan a destinar el 70% de sus ingresos a pagar una vivienda, una situación que se convierte en insostenible. Para el director municipal, las medidas de respuesta urgente al problema pasan por la aprobación de una Ley de Vivienda que incluya medidas para regular los precios del alquiler, así como la priorización del derecho a la vivienda de los residentes frente a las segundas residencias.
