Ciudad Real

El Gobierno Regional ha realizado el pago de casi 19 millones de euros del Bono Social Térmico a más de 76.000 familias de Castilla-La Mancha, son más del doble que el año anterior. Recibirán ayudas directas entre los 128 y los 373 euros.

El viernes ya se realizó la transferencia con lo que ya este martes, las 76.000 familias tendrán en sus cuenta el dinero que les facilitará el pago de los gastos de suministro de energía. El anuncio lo realizaba la consejera de Igualdad y portavoz del Gobierno, Blanca Fernández desde Ballesteros de Calatrava, donde se reúne el Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha

Ayudas directas para fomentar el teletrabajo

Consejo de Gobierno que ha dado luz verde al Decreto por el que se regula la concesión directa de subvenciones dirigidas a autónomos y pymes para fomentar el teletrabajo. La convocatoria está dotada con un millón de euros, aunque se podría ampliar con 500.000 euros adicionales. Las cuantías de la subvención serán de 700 euros por cada puesto que pase de presencial a teletrabajo y 3.000 euros para cada contratación nueva de un puesto a distancia. Además, las empresas ubicadas en zonas con riesgo de despoblación recibirán un incremento de la cuantía que puede oscilar entre un 20 y un 40 por ciento más.

Fernández recordaba que las subvenciones para el fomento del teletrabajo forman parte del compromiso adquirido en el Pacto Social y Económico “para impulsar la economía de Castilla-La Mancha que en ayudas directas solamente a personas autónomas y pymes de la región ya hemos destinado 185 millones de euros”.

Reclamación de la deuda histórica de la Dependencia

Y como ya anunciara el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, el Consejo de Gobierno ha acordado plantear al Gobierno Central la convocatoria de una Conferencia Sectorial para abordar la deuda del Estado con las Comunidades Autónomas en la financiación de la atención a la Dependencia. Deuda que en el caso de la región asciende a más de 800 millones de euros.

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La consejera de Bienestar Social, Bárbara García, ha anunciado que se ha dado luz verde al informe sobre el Sistema para la Autonomía Personal y la Atención a las Personas en Situación de Dependencia, cuyas conclusiones sustentan la decisión de solicitar la convocatoria de la citada Conferencia Sectorial en la que se planteen compromisos y soluciones eficaces en relación a la deuda del Estado con las Comunidades Autónomas "para hacernos corresponsables en la financiación de la Atención a la Dependencia".

García Torijano ha explicado que es una reivindicación que "nos compete a todas las regiones" y Castilla-La Mancha considera importante que "antes de tomar nuevos acuerdos en materia de dependencia como así se está planteando por parte del Ministerio, primero se resuelva la deuda pendiente y se haga un estudio económico" con el fin de determinar los costes de los nuevos criterios que quieren introducirse en materia de acreditación de calidad de centros y servicios, "lo que, bajo nuestro punto de vista, pondría en serios problemas y en riesgo al sector" y afectaría a las plazas residenciales.

La titular de Bienestar Social ha especificado cuál fue el punto de inflexión del Gobierno central para empezar a generar esta deuda. "Las cuantías recibidas por Castilla-La Mancha en concepto de Nivel de protección Acordado pasaron de 16,8 millones de euros en 2011 a cero a partir de 2012", ha afirmado la consejera, aseverando también que "el Partido Popular, cuando llegó al Gobierno se cargó por completo el Nivel Acordado que se destinaba a las políticas de Atención a la Dependencia y redujo el Nivel Mínimo, lo cual supuso una deuda importante que, poco a poco, hemos ido asumiendo las comunidades autónomas, financiando cada vez más con fondos propios para poder hacer frente a estas políticas y seguir creciendo en ellas en beneficio de la ciudadanía".