Cristianos de base reclaman a los obispos más medidas para reparar a las víctimas de abusos
Consideran "insuficiente" la auditoría encargada al despacho de abogados Cremades & Calvo Sotelo
El cardenal Juan José Omella. / Víctor Lerena (EFE)
Madrid
Los obispos se reúnen desde este lunes en Madrid en su 119 Asamblea Plenaria. Será la primera reunión de todo el episcopado español tras el encargo al despacho de abogados Cremades & Calvo Sotelo de una auditoría externa sobre los abusos en la iglesia. Justo antes de ese encuentro cinco colectivos de cristianos de base, Alandar, Movimiento por el celibato opcional - MOCEOP -, Red Miriam de Espiritualidad Ignaciana, Redes Cristianas y Revuelta de Mujeres en la Iglesia, van a entregar en la Conferencia Episcopal la carta abierta que ya hicieron pública en el mes de febrero y en la que reclaman una Comisión de la Verdad que investigue los abusos y más medidas para reparar a las víctimas. La carta, que lleva por título "Pasar de las tinieblas a la luz" cuenta con el respaldo de un centenar de colectivos y más de 1200 personas.
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"Nos parece que la auditoría externa encargada al bufete Cremades & Calvo Sotelo es un paso positivo pero insuficiente", explica a la SER Juan Ignacio Cortés, de Alandar. "Creemos el tema de los abusos sexuales tiene múltiples dimensiones y que este trabajo está, por lo que todo indica, centrado en las cuestiones jurídicas. El camino hacia la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas de los abusos sexuales en la iglesia católica tiene que ir complementado con otras medidas de carácter espiritual, de asistencia psicológica y no sabemos si este trabajo de Cremades y Calvo Sotelo, todo indica que no, lo va a proporcionar. La iglesia española tiene que dar pasos más decisivos hacia esa verdad, esa justicia y reparación. Necesita un trabajo más completo".
La auditoría encargada a Cremades & Calvo Sotelo ha sido rechazada por varios colectivos de víctimas. La Asociación Infancia Robada (ANIR)se lo trasladó directamente al Cardenal Omella, presidente de la Conferencia Episcopal Española, en un encuentro el pasado 23 de marzo. La asociación considera que no puede aceptar la autoridad del bufete porque su socio principal, Javier Cremades, es miembro del Opus Dei. "Hay intereses contrapuestos", explicó entonces Ana Cuevas, portavoz de ANIR, y cuyo hijo sufrió abusos en un colegio del Opus. La asociación pidió a Omella que colaborara con el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, a quien el Congreso le ha encargado un informe sobre los abusos.
Comisión parlamentaria
La auditoría tampoco convence a la plataforma Tolerancia 0, que agrupa a activistas y supervivientes de abusos sexuales en la iglesia en Cataluña, que reclaman una comisión de la verdad parlamentaria como se ha hecho en Australia, Irlanda o Reino Unido para investigar la pederastia. Esta plataforma tampoco considera adecuado que sea el Defensor del Pueblo quien asuma esta tarea. Recuerdan el precedente del Síndic de Greuges, el defensor del pueblo catalán, que en 2019 intentó sin éxito una investigación sobre pederastia.
Los colectivos promotores de la carta abierta creen que los obispos tienen que explicar si la auditoría les parece un instrumento válido para reparar a las víctimas de abuso y aclarar si piensan colaborar con la investigación que prepara la oficina del Defensor del Pueblo. Añaden que la Asamblea de estos días es el momento ideal para salir de dudas: "Es hora de que la Iglesia española pase de las tinieblas a la luz de forma definitiva en el tema de los abusos y que su voluntad de sacar a la luz la verdad, hacer justicia y reparar a las víctimas quede inequívocamente clara. Esa claridad no existe todavía, pero la 119 Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española brinda la ocasión ideal para que comience a existir".
