El juzgado admite a trámite la demanda contra el Ayuntamiento de Alicante de los vecinos de Gran Vía Sur Puerto y San Gabriel por "los vertidos crónicos"

Alicante

El juzgado Contencioso Administrativo número 1 de Alicante ha admitido a trámite la demanda contra el Ayuntamiento interpuesta por las asociaciones vecinales Gran Vía Sur Puerto y San Gabriel, por los vertidos crónicos en la zona.

Se incluyen en esa demanda: aguas residuales urbanas e industriales sin tratamiento alguno en zonas urbanas del entorno, en el cauce del barranco de las Ovejas, la playa de San Gabriel y el litoral incluido en el área LIC hasta cala Calabarda.

Son ya 15 años de espera desde que se firmó el convenio de inversiones y sigue sin haber respuesta ni por parte del Ayuntamiento ni de la Conselleria de Agricultura, como autorizadora de los vertidos, dice José Santamaría, portavoz vecinal. Y a año y medio de caducidad del convenio renovado en 2019, el consistorio solo da "aparentes soluciones", que no van más allá de invertir en una estación de bombeo obsoleta, insisten. Y lo que hace falta es "una inversión general y adaptarse a los que digan los juzgados".

Permitir que siga esta contaminación "tiene carácter delictivo", dice Santamaría, y por eso no les queda otra posibilidad que acudir a la justicia, tras haberles dado la razón el Síndic de Greuges.

Insisten en que los vertidos crónicos proceden del sistema unitario de alcantarillado, colectores y estaciones de bombeo, obsoletos e inadaptados a las normativas que desde el año 2012 los prohíben, y que se producen a causa de las deficiencias en el sistema de saneamiento de la red de drenaje de la estación depuradora Rincón de León, la principal de Alicante, que cuenta con 42 puntos de vertido, 27 de ellos directos al mar, y todos sin la obligatoria autorización de vertidos.

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La demanda incluye documentación probatoria del mismo Ayuntamiento, del SEPRONA de la Guardia Civil y un Acta Notarial para certificar la contaminación en zona urbana y en el Barranco de las Ovejas desde hace 25 años.

Y además de contra el Ayuntamiento, se interpone también contra la Conselleria de Agricultura, por inacción u omisión como "cómplice" del Ayuntamiento de Alicante, al no inspeccionar las instalaciones ni sancionarlo como titular de las instalaciones contaminantes.

Y propone en la demanda que además de cumplir el convenio citado, el Ayuntamiento de Alicante arbitre y ejecute los proyectos e inversiones necesarios para solucionar el problema ambiental y sanitario que suponen estos vertidos; que se modifiquen y adapten los grandes colectores que no tienen capacidad, y que se construyan los tramos necesarios de red separativa de pluviales y fecales para evitar así los desbordamientos en la zona sur, y los depósitos anti-tormenta que la normativa exige en todas las estaciones de bombeo.