El derecho a la salud laboral como derecho fundamental

El avance sobre siniestralidad laboral de 2021 publicado hace poco por el Ministerio de Trabajo cifra en más de 700 trabajadores los muertos y muertas por accidentes laborales en España, lo cual indica un cierto repunte de la siniestralidad, condicionada de manera directa por una falta de cumplimiento de la normativa sobre riesgos laborales que a los empresarios, en general, les parece siempre exagerada.

Sin embargo, como enseña mi compañero Antonio Baylos, Catedrático de Derecho laboral, en su muy seguido blog, la reunión del Consejo de Administración de la OIT del 14 de marzo pasado ha incluido en el orden del día de la Conferencia de ese organismo que se celebrará en junio próximo una iniciativa para incluir en la Declaración relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo el derecho a unas condiciones de trabajo seguras y saludables como derecho universal. Eso quiere decir que muy probablemente existen resistencias empresariales al renocimiento del mismo no sólo en España sino en el mundo en general.

Un espacio de reconocimiento de derechos tan significativo como la Unión Europea ha adoptado un Marco estratégico en materia de salud y seguridad en el trabajo 2021-2027, en el que la Unión sostiene que “la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores, consagrada en los Tratados y en la Carta de los Derechos Fundamentales , es uno de los elementos clave de una economía de la UE al servicio de las personas”, lo que conlleva que La Comisión colaborará con los Estados miembros y los interlocutores sociales para: i) abordar el cambio en el nuevo mundo laboral, ii) mejorar la prevención de accidentes y enfermedades laborales de acuerdo con el enfoque «visión cero», y iii) aumentar la preparación frente a posibles crisis sanitarias futuras.

Para comprender la dimensión de esa decisión europea, el enfoque “visión cero” es el adoptado con carácter general respecto a la seguridad vial, es decir la adopción de medidas convergentes para lograr idealmente que nadie muera mientras trabaja. Como sostiene Antonio Baylos, especialista en el tema, la decisión de la OIT exigirá una nueva reinterpretación del valor asignado por nuestra Constitución a la salud y seguridad en el trabajo (el art. 40 habla de seguridad e higiene) está desfasado y es insuficiente porque no configura el derecho a la integridad física y psíquica de la persona trabajadora como un derecho que desarrolla en el espacio definido por el trabajo y la actividad productiva el derecho a la vida y a la integridad física y moral de las personas que reconoce taxativamente el art. 15 CE.

En un trabajo que publiqué hace varios años, sostuve que la Unión Europea tiene competencias para obligar a los Estados miembros a adoptar medidas penales contra la siniestralidad laboral, porque se trata de un ámbito muy sensible de los derechos individuales y porque la normativa existente en cada país, muy dispersa, no ha logrado todavía rebajar de manera adecuada el número de trabajadores fallecidos o lesionados a causa del incumplimiento de la normativa sobre seguridad laboral. Sin embargo, la estrategia 2021-2027 no contempla por desgracia dicha intervención penal europea y ello constituye, a mi juicio, un defecto muy serio de la misma.

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