Defraudan un millón de euros en cotizaciones a la Seguridad Social en el sector de renovables y de reformas en Bizkaia
La mayor parte de los trabajadores nunca cobraron su salario, por lo que tuvieron que acudir al FOGASA, "pero siempre con la promesa del administrador de que le iba a abonar todos los salarios en cuanto recibiera dinero del extranjero, promesa que nunca se ha llevado al efecto", expone la Policía Nacional.
La investigación ha detectado además una creación sucesiva de empresas de reformas y construcción, dirigidas, gestionadas y administradas por las mismas personas / Javier Quesada
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Agentes de la Policía Nacional han destapado un fraude a la Seguridad Social de más de un millón de euros de entramados empresariales de Bizkaia de los sectores de las energías renovables y de la construcción, en una operación que se ha saldado con dos personas arrestadas y otras dos en condición de investigadas.
Según ha informado la policía, un administrador de empresa del sector de la generación energética renovable acumulaba deudas con la Seguridad Social y evitaba el pago de las mismas interponiendo empresas y personas para obstaculizar la acción recaudatoria.
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Las investigaciones comenzaron en noviembre de 2021 tras recibir varias denuncias de la Tesorería General de la Seguridad Social, sobre irregularidades llevadas a cabo por administradores de empresas vizcaínas que no abonaban los seguros sociales de sus trabajadores, incrementando así el margen de beneficio.
En el análisis patrimonial de las empresas y sus administradores, se comprobó que en todos los casos se pretendía eludir el pago de la deuda y frustrar la actuación de la Tesorería para reclamarlo, creando grupos y sucesiones empresariales que ocultaban los beneficios y bienes de las sociedades investigadas.
Los agentes pudieron determinar la participación delictiva de diez personas, algunos de ellos actualmente en el extranjero, principalmente los administradores de las empresas y se les imputó tres delitos contra la Seguridad Social y otros tres de frustración de la ejecución.
La investigación se centró sobre nueve empresas relacionadas con proyectos de generación energética renovable, dirigidas y gestionadas todas ellas por un mismo administrador, en las que se mantiene de alta mayoritariamente a ingenieros, con los que ha estado buscando financiación o inversores.
El único capital material que tenía ese grupo de nueve empresas eran unos equipos informáticos valorados en varios miles de euros cada uno, que, según las declaraciones de los trabajadores, no se abonaron.
La mayor parte de los trabajadores nunca cobraron su salario, por lo que tuvieron que acudir al FOGASA, "pero siempre con la promesa del administrador de que le iba a abonar todos los salarios en cuanto recibiera dinero del extranjero, promesa que nunca se ha llevado al efecto", expone la Policía Nacional.
Algunos trabajadores manifestaron que ese gestor estaría llevando a cabo maniobras de ocultación del patrimonio para evitar que la Seguridad Social o cualquier acreedor pueda hacer efectivas sus deudas, y lo estaría haciendo a través de cuentas bancarias a nombre de terceras personas o enmascarando el destino del dinero a las sociedades deudoras.
La investigación determinó que ese administrador no tenía "ni inversión ni plan de negocio, por lo que los impagos no pueden corresponderse con una crisis sobrevenida" de las empresas, "sino con un modelo de negocio premeditado que se apoya en el impago de los seguros sociales de sus trabajadores".
El perjuicio económico total causado a la Tesorería de la Seguridad Social por este entramado de empresas creadas para eludir los pagos obligados asciende a 463.233 euros.
Por otra parte, la investigación ha detectado además una creación sucesiva de empresas de reformas y construcción, dirigidas, gestionadas y administradas por las mismas personas, que cuando generan deudas con la Seguridad Social se daban de baja para seguidamente constituir una nueva, y así "poder seguir operando" y evitar posibles embargos de acreedores, con una deuda a la Tesorería del INSS de otros 600.000 euros.
