No a la custodia compartida de padres maltratadores

Como ocurre por desgracia con demasiada frecuencia, una sucesión de crímenes machistas ha puesto sobre el tapete de manera dramática los fallos que presenta nuestro sistema de prevención frente a estos crímenes. No de otro modo puede calificarse el hecho de que un sujeto sometido a una orden de alejamiento de su pareja comparta la custodia de su hijo (en este caso, de 11 años) y aproveche el fin de semana para asesinarle.

El Pacto de Estado contra la violencia de género fue aprobado en 2017 tras un largo debate parlamentario con especialistas en la materia. Entre las 290 medidas propuestas para mejorar la prevención se hallaba, con el número 203, la siguiente: que la custodia compartida no pueda adoptarse, ni siquiera provisionalmente, si está en curso un procedimiento penal por violencia de género y existe una orden de protección. Su incumplimiento es, justamente, lo que ha permitido que ese niño estuviera con su padre el fatídico día.

Ese Pacto no debe ser un desiderátum, una simple carta de deseos sino una agenda precisa cuyo cumplimiento progresivo debe aparecer en los programas de los partidos políticos, salvo que estén jugando con ese tema. En cumplimiento del Pacto, el Gobierno promovió una reforma del Código Civil para establecer que no procederá ningún régimen de visita y si existiera se suspenderá respecto del progenitor que esté incurso en un proceso penal por atentar contra la vida o la integridad física, moral o sexual del otro cónyuge o sus hijos. Aún así, se concede a la autoridad judicial la facultad de permitir esas visitas motivadas por el superior interés del menor.

El tema es sumamente delicado, porque está en juego favorecer un desarrollo adecuado de la personalidad de ese menor y las soluciones radicales parecen poco oportunas. Sin embargo, el Convenio del Consejo de Europa para la prevención de la violencia contra la mujer, ratificado por España en 2014 y que, por tanto, es ley vigente en nuestro país, establece que los Estados tomarán las medidas legislativas u otras necesarias para que el ejercicio de ningún derecho de visita o custodia ponga en peligro los derechos y la seguridad de la víctima y de los niños.

En el caso ocurrido en Sueca no se trató de una decisión consciente del juez sino de una falta de comunicación entre los juzgados que impidió que el de familia, que ratificó el divorcio cuando el Código Civil ya se había modificado, en septiembre de 2021, supiera que ese padre estaba inhabilitado para estar con su hijo porque existía el riesgo de que ejerciera sobre él lo que se conoce como “violencia vicaria”, es decir la que se aplica sobre un ser querido para la mujer con la mera intención de hacerla sufrir. Fue “un fallo del sistema”….pero un fallo gravísimo que acabó con la vida de una persona de 11 años, con una vida incipiente. El Ministerio de Justicia y el Consejo General del Poder Judicial deberían unificar urgentemente ese sistema de comunicaciones entre juzgados para que no se pierda ninguna vida más.

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