Las distribuidoras de gasóleo temen no poder hacer frente a los anticipos en el combustible

Toledo

El temor de muchas gasolineras por no poder hacer frente al descuento de 20 céntimos por litro que el Gobierno puso en marcha el viernes para paliar la subida de los carburantes se extiende también a las distribuidoras de gasóleo. La patronal del sector cifra en 10.000 euros de media al día lo que estas empresas deben anticipar a sus clientes y, aunque entienden la medida, critican que el Ejecutivo no haya facilitado los anticipos a cuenta antes de la entrada en vigor de la norma.

"Lo han hecho en el mismo día que ya teníamos que hacer la bonificación y tenemos miedo porque no sabemos cuando vamos a recibir ese anticipo y si lo hacemos después con las liquidaciones mensuales que proponen cuánto tiempo van a tardar en hacerlas", explica Javier Murcia, director financiero de la empresa albaceteña Gasóleos Sánchez y Murcia, que estima en un millón de euros la cantidad a la que deberán hacer frente cada mes para abonar este descuento.

La situación, reconocen, afecta de manera desigual a estas empresas. Las más pequeñas son las más afectadas. Algunas de ellas han decidido dejar de prestar sus servicios hasta recibir los primeros anticipos y otras, las que también ofertan gasóleo de calefacción, siguen operando al no estar bonificado este uso. "Algunos han decidido no mover ningún camión y otros hemos decidido confiar porque cerrar una empresa con casi cien trabajadores ahora mismo nos cuesta".

Esta empresa, fundada en los años 80 en Albacete, cuenta con 13 gasocentros en Castilla-La Mancha, Madrid y Andalucía. Con cerca de 100 profesionales, 60 vehículos de flota y una capacidad de almacenamiento de dos millones de litros, es la compañía privada líder a nivel nacional en la distribución de gasóleos, abasteciendo a empresas de transporte por carretera, agricultura, domicilios particulares y comunidades de vecinos y organismos públicos.

Desde la Confederación Nacional de Estaciones de Gasóleo (Codigasoil) creen que la aplicación de esta medida supondrá «la quiebra de muchas empresas y la pérdida de empleo, incidiendo todo ello la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado al obligar hacer bonificaciones en productos por vía del RDL", por lo que no descartan emprender todas las acciones legales "en defensa de nuestros derechos e intereses».

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