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Se intensifica la llega de refugiados de Ucrania a Euskadi: 650 han solicitado ya protección temporal

En los últimos días se han tramitado una media de cien al día y todas las citas de esta semana están ocupadas

Dos familias de refugiados procedentes de Ucrania, acogidas en Euskadi / Javi Colmenero

Dos familias de refugiados procedentes de Ucrania, acogidas en Euskadi

Vitoria

La Policía Nacional ha tramitado hasta este lunes en Euskadi un total de 650 solicitudes de protección temporal de refugiados ucranianos desplazados como consecuencia de la invasión de su país por parte de Rusia.

El delegado del Gobierno en el País vasco, Denis Itxaso, ha destacado que en los últimos días se ha "acelerado el ritmo" de estas peticiones al tiempo que ha defendido el buen funcionamiento del sistema de cita previa para hacer este trámite y ha avanzado que todas las citas para esta semana están ocupadas.

Itxaso ha hecho un llamamiento a las personas ucranianas que hayan llegado a Euskadi huyendo de la guerra a que formalicen sus peticiones de protección internacional porque es el proceso "más garantista" para reconocer sus derechos.

A diferencia de las solicitudes de asilo y de protección internacional, la temporal no requiere de una entrevista para formalizarla, por lo que el tiempo de tramitación es más reducido (entre veinte y treinta minutos por persona).

Tras finalizar el proceso, el policía que atiende al demandante le entrega un resguardo, al que añadirá la impresión dactilar del índice derecho del peticionario y una fotografía, que servirá para acreditar dicha solicitud.

La resolución final sobre la petición, se tramitará por la Oficina de Asilo y Refugio (OAR) del Ministerio del Interior y se resolverá en un plazo máximo de 24 horas.

Esta protección temporal otorga derecho a residir en cualquier parte del territorio nacional, permite trabajar y acceder a la atención pública sanitaria, así como a las prestaciones sociales previstas en el sistema de acogida. En el caso de menores, también se garantiza el derecho a acceder a la educación en las mismas condiciones que los nacionales de cualquier país de la UE.

En principio, y si las causas que han dado origen a este desplazamiento persisten, el tiempo de vigencia de la protección será de un año, prorrogable por otro más de mantenerse estas circunstancias, siendo excepcionalmente ampliable a otro año más de continuar los hechos que provocaron el éxodo.

 
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