Servicios públicos externalizados
El comentario de Ana Castaño en 'La Ventana de Asturias' (18/03/22)
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Asturias
A principios de este mes surgía el conflicto en el servicio de comedor de las escuelas de 0 a 3 del Ayuntamiento de Xixón por la intención de la empresa adjudicataria de despedir a una trabajadora y reducir la jornada a otras 22.
La denuncia, la movilización, el apoyo prestado por las AMPAS y la actuación sindical, junto al inicio, por parte del Ayuntamiento, de un procedimiento sancionador a la empresa por incumplimiento de contrato obligó a la adjudicataria a anular el ERTE.
Un puñado de mujeres respiraran, al menos momentáneamente, tranquilas, y eso es buena noticia. Pero situaciones como la relatada son muy frecuentes. Es fácil acceder a la información, busquen y verán, por ejemplo, que en los años 2020 y 2021 las trabajadoras de los comedores escolares del gobierno vasco secundaron varias huelgas en defensa del empleo y demanda de mejores condiciones o como Comisiones Obreras lleva desde finales del año pasado movilizándose para exigir al Gobierno andaluz que cumpla con el compromiso adquirido de contratación a jornada completa de las monitoras escolares que trabajan a tiempo parcial.
Estamos ante un sector, como el de la limpieza o la atención a domicilio, altamente feminizado. En ellos las mujeres realizan un trabajo muy importante -diría imprescindible- para la sociedad que, en cambio, es escasamente valorado y ,además, lo hacen en el seno de las distintas administraciones, pero sin formar parte de su personal. Se externalizan los servicios que pasan a ser prestados a través de empresas y éstas ganan los contratos rebajando los precios, para a continuación obtener su beneficio a costa de las condiciones de sus trabajadoras.
Vistas las cosas, es innegable que la mejora de la situación de estas mujeres podría venir de la mano la prestación de los servicios directamente por la administración y la incorporación a ella del personal que los viene desempeñando.
Dicho lo esto conviene no engañarse, es un asunto complejo que implicaría, entre otras cosas, mayor gasto. Así que o se aumentan los recursos o se reordena el gasto o seguiremos con la situación actual: servicios públicos prestados por personas con condiciones de trabajo mucho peores que las de los empleados públicos.
