El asesor jurídico de Agricultura y Medio Ambiente arremete contra la Consejería y defiende su profesionalidad por la sentencia del TSJ

Murcia

José Antonio Martinez Diez de Revenga, asesor jurídico de la Consejería de Agricultura, Agua y Medio Ambiente, e instructor de las actuaciones previas que se llevaron a cabo para la exigencia de responsabilidad medioambiental en los vertidos al Mar Menor, que ahora el TSJ atribuye a la Comunidad Autónoma, señala que no puede "consentir" que "de forma torticera o subliminal se ponga en cuestión mi profesionalidad y buen hacer, que acredito con 35 años de experiencia en los servicios jurídicos"

En una nota enviada a la SER, José Antonio Martínez contesta a una nota de prensa de la Consejería en la que apuntaba que la responsabilidad de atribuir las competencias a la CHS eran suyas.

El asesor jurídico califica en su escrito de "insólito y completamente inapropiado" que en una nota de prensa oficial se mencione con nombre y apellidos a un funcionario público. El funionario dice que al inicio y con carácter preliminar, consideró que la Comunidad Autónoma era la competente para la tramitación de tales procedimientos, pero cambio de opinión cuando después los servicios técnicos de la dirección general de Medio Ambiente emitieron un informe en el que decían, "de forma razonada y con sólidos argumentos", que la competencia era de la CHS, por lo que propuso el archivo de las actuaciones y su envío a este organismo.

No obstante, añade que aunque la decisión de archivo fuera propuesta por él, "la absoluta responsabilidad es del director general, que pudo seguirla, rechazarla o modificarla recabando nuevos informes”,

En ese sentido califica de "desproposito" afirmar, como hizo el director general de medio ambiente, que podía haber incurrido en prevaricación si se hubiera apartado de la propuesta del asesor.

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Martínez añade que, solicitó apoyo por la complejidad técnica, medios que nunca se pusieron a su disposición y que hasta en tres ocasiones comunicó oficialmente que era imposible iniciar esos procedimientos sin que por los servicios técnicos de la Dirección General se determinara que concurrían los presupuestos legales exigibles.

Concluye el escrito del asesor jurídico de la Consejería que "la administración regional la formamos todos, y todos somos responsables, aunque en distinto grado" y si la sentencia del Tribunal Superior de Justicia dice que ha existido dejación de la obligación de reparar los daños medioambientales, "es la institución y sus representantes los que deben asumir sus responsabilidades en primer lugar".