Manuel Hurtado, que está siendo juzgado por prevaricación, dice que "la obra del polideportivo "se realizó de forma correcta"

Murcia

Manuel Hurtado, que fue alcalde socialista de Ceutí durante 28 años, está siendo juzgado, según la ausación del ministerio fiscal, por adjudicar a dedo un proyecto para construir un polideportivo a una mercantil por 1,8 millones de euros.

Hurtado ha señalado que en su opinión todo se estaba realizando correctamente que nunca recibió ninguna advertencia de legalidad. Ha asegurado que el dinero público "es sagrado" para el.

El exalcalde ha negado las acuaciones del fiscal, Juan Pablo Lozano, señalado que en el ayuntamiento tenía muchas funciones delegadas en los concejales porque "no se creía superman" y en aquel momento era, además de alcalde, senador.

En contra de lo que sostiene para él el ministerio público, ha explicado que sí existía consignación presupuestaria para el proyecto, ya que estaba incluido en la partida de inversiones en infraestructuras varias.

Según el fical el polideportivo fue inaugurado antes de que se iniciara el expediente municipal, con la asistencia de Camacho o del Bosque. Hurtado ha dicho que aquello no fue una inauguración y que no van a encontrar ni una sola invitación. Camacho pasó por Ceutí y se pasó a verlo, ha dicho.

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Además, ha reiterado en numerosas ocasiones que no sera supervisor de obras y que lo único que hacía era tratar de buscaar subvenciones en otras administraciones para su pueblo.

Hurtado ha dicho que no iba a contestar a las preguntas de la acusación particular, que ejercen dos antiguas concejalas del PP que presentaron la querella, "porque ya han conseguido su objetivo, que era el de truncar una carrera política".

Se enfrenta a los presuntos delitos de prevaricación y falsedad documental y el fiscal pide dos años y tres meses de prisión.

Hurtado se ha quedado solo ante el tribunal, porque ha rechazado un acuerdo con la fiscalía, que le habría permitido penas más bajas a cambio de reconocer los delitos, algo que si han hecho el resto de acusados, tres funcionarios municipales y los dos representantes de la empresa constructora, que sí han aceptado llegar a un acuerdo, por lo que se beneficiarán de una sensible reducción de las penas que se reclamaban contra ellos.

Los cinco han reconocido ante el tribunal que los juzga los hechos, la autoría y la responsabilidad penal y han posido abandonar la sala del juicio.

El juicio se reanudará el próximo día 15 de marzo.