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Confían en el éxito de sus alegaciones

Las familias afectadas por la reorganización que implica derivar a Roa los alumnos de tres municipios del entorno de Sotillo de la Ribera esperan que la Junta recule

El colegio de Sotillo de la Ribera perdería alumnado con esta medida

El colegio de Sotillo de la Ribera perdería alumnado con esta medida

Sotillo de la Ribera

Las familias con hijos en edad escolar del entorno de Sotillo de la Ribera esperan este miércoles una respuesta de la Junta de Castilla y León a sus alegaciones en contra de la disposición por el que los nuevos alumnos de Pinillos de Esgueva, Cabañes de Esgueva y Terradillos de Esgueva el próximo curso deberán acudir al CRA de Roa en lugar de al de Sotillo de la Ribera.

Son más de trescientos los escritos que han enviado a la Dirección Provincial de Educación argumentando que esta medida supone un doble perjuicio. Por una parte, afecta muy directamente a los alumnos de estas tres localidades, que perderían su referencia social y educativa que tienen en Sotillo, con apenas tres años y tendrían que hacer más kilómetros, con el riesgo diario que esto supone. Pero la medida es negativa también para el resto del CRA, que se ve debilitado y pierde opciones de mantener sus servicios a toda la población de esta zona. “Esto afecta a todo el CRA, porque el número de niños que entraría sería menor, por lo tanto el futuro de los tres colegios, especialmente el de Sotillo, se vería muy condicionado”, explica Lourdes Núñez, una de las madres directamente afectadas.

Son tres los niños de estos tres municipios que el curso que viene comienzan el segundo ciclo de Infantil. “Tenerles que montar en un autobús tantos kilómetros nos parece que es muy arriesgado y que no está bien porque son niños que tienen su entorno social en Sotillo, donde van a la guardería, y es un cambio muy práctico para unos niños tan pequeños”, comenta Núñez.

Esta reorganización del alumnado rural en unas Unidades Territoriales de Admisión se aprobó en diciembre del año pasado, pero no ha sido hasta febrero cuando las familias afectadas han tenido conocimiento de ello y no porque se les comunicara directamente o se hiciera a los ayuntamientos correspondientes. Aún así, han sido muy ágiles movilizándose para intentar que no se lleve a la práctica, como esperan que ocurra. “La unión entre los ayuntamientos, las familias, el AMPA y los vecinos de los municipios ha hecho que nos movamos para pedir que se quedase todo como estaba y tenemos la esperanza de que todo va a ir bien y de que se nos escuchará”, confía.

 
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