EH Bildu acusa al Ayuntamiento de Pamplona de contratar injustificadamente con el despacho de Javier Caballero
Se encargaron al ex consejero y hermano de la concejala de Navarra Suma María Caballero asuntos por valor de 12.000 euros, por debajo del límite que impide la contratación directa.
Ayuntamiento Pamplona / Ayuntamiento de Pamplona
Pamplona
El grupo municipal de EH Bildu en el Ayuntamiento de Pamplona ha denunciado anomalías y presuntas irregularidades detectadas en tres contratos municipales que, según han apuntado, han sido "concedidos a dedo y sin justificación" por el equipo de gobierno al despacho de un hermano de la concejala María Caballero.
Los encargos, por unos servicios que "se podía haber llevado desde la propia asesoría jurídica municipal", suman 11.000 euros y fueron para defender decisiones de Navarra Suma en temas con "una fuerte carga política", han denunciado en rueda de prensa, en la que han indicado que los contratos se encargaron entre febrero de 2020 y octubre de 2021.
En ella el portavoz de EH Bildu en Pamplona, Joseba Asiron, ha cuestionado esta forma de proceder en política, "más allá de si es o no una ilegalidad", ya que "quien gestiona el destino de los fondos públicos lo tiene que hacer de forma ejemplar, escrupulosa para evitar el clientelismo y sospechas de trato de favor. En ese caso no se ha hecho".
"Es una pena que las contrataciones con hermanos lleguen aquí y no se queden restringidas al ámbito de Madrid con la señora Ayuso", ha agregado.
Según ha detallado, el Ayuntamiento, a través de la dirección de los servicios jurídicos, contrató hasta en tres ocasiones los servicios del despacho de abogados de un hermano de María Caballero, sin que se justificara en ninguno de los casos la necesidad de externalizar el encargo y sin que conste que se pidieran más ofertas.
En los contratos, ha dicho, hay "varios aspectos muy significativos": en todos ellos se externaliza un trabajo jurídico ordinario que se podía haber llevado desde la propia asesoría jurídica municipal, son temas con "fuerte carga política" y se contratan a "a dedo" argumentando una supuesta especialización cuando se trata de tres materias absolutamente diferentes.
El primero de estos contratos se firmó en febrero de 2020 para afrontar el procedimiento por el cobro de dietas en Comiruña, se acordó el pago de 3.675 euros y no consta solicitud de ningún otro presupuesto, ha indicado el portavoz abertzale.
El segundo se firmó en octubre de 2020 para afrontar el contencioso abierto por la paralización del procedimiento público para la Convocatoria de Secretario del Pleno. En este caso, ha apuntado, se pagaron 2.450 euros y tampoco se solicitó ningún otro presupuesto.
El último, de octubre de 2021, se firmó para encarar la denuncia de los afectadas por la revocación de procesos de selección de dos Técnico de Juventud y otras 2 de Igualdad, supuso 4.900 y se contrató, ha agregado, "de nuevo, sin solicitar ningún otro presupuesto y sin justificar por qué el tema no lo llevaban los servicios jurídicos municipales".
Por su parte, la concejala Maider Beloki ha enmarcado estos hechos dentro de las actuaciones que se están llevado a cabo en una legislatura que "no pasará a la historia precisamente como un ejemplo de virtudes éticas y políticas".
En este sentido, ha repasado la legislatura en "titulares" señalando: "El alcalde se sube el sueldo” (julio de 2019) “Vuelven las dietas” (octubre de 2019), “Una hija y un festival” (mayo de 2020), “Afines al frente de coworkids” (noviembre 2020); “La grúa no es para Labairu” (junio de 2021) y “Las mentiras de la hípica” (agosto de 2021).
Asiron ha concluido indicando que con esta denuncia cumplen con su labor de fiscalización del trabajo municipal. Su obligación, ha dicho, es poner en conocimiento de la ciudadanía las situaciones "poco éticas o poco transparentes" y luego seguirán dando pasos. Lo ocurrido en este caso, a su juicio, "no ha sido ni ético, ni estético ni transparente".
Por su parte, el Ayuntamiento de Pamplona ha anunciado que estudia emprender acciones penales por un posible delito de injurias por las acusaciones vertidas por el grupo municipal EH Bildu sobre la contratación de servicios jurídicos para la defensa del interés público.
