La guerra de Rusia estalla las costuras del Derecho Penal Internacional

Madrid

El ataque de Rusia a Ucrania vulnera la Carta de Naciones Unidas, la Declaración 3314 y la Resolución 2625, según los expertos en derecho internacional consultados por la Cadena SER. Estos textos prohíben el uso de la fuerza cuando atentan contra la soberanía, la integridad territorial y la independencia política de otro Estado. El uso de la fuerza se traduce en lo que el Estatuto de la Corte Penal Internacional denomina "crimen de agresión". Carlos Fernández Liesa, catedrático de Derecho Internacional Público en la Universidad Carlos III de Madrid y director de la revista Tiempo de Paz, apunta a que este es un delito que solo lo pueden cometer los Estados, pero del que son responsables las personas. En palabras de Manuel Ollé, abogado y profesor de Derecho Penal Internacional en la Universidad Complutense, estamos ante esta figura en el caso del ataque de Rusia a Ucrania y "las personas que lo han ideado, ejecutado, planificado y los que intervienen de una forma u otra, están cometiendo un crimen internacional de primer grado que es un crimen de agresión".

Sin embargo, los juristas consultados por esta emisora coinciden en que la Corte Penal Internacional tiene muy poco recorrido porque se puede activar por dos vías. La primera que el Estado agresor lo haya aceptado, cosa que Rusia no ha hecho, y la segunda que lo pida el Consejo de Seguridad, del que Rusia es miembro permanente. Helena Torroja, profesora de Derecho Internacional Público en la Universidad de Barcelona, sostiene que “aunque las acciones encajan en esa definición no creo que veamos a Putin sentado en un banquillo internacional porque la Corte Penal Internacional no tiene competencia y porque Rusia siempre vetaría una decisión de fondo en ese sentido del Consejo de Seguridad”.

La Justicia Universal

En el capítulo de soluciones, Fernández Liesa subraya el enorme avance que ha habido en los últimos años en “la lucha contra la impunidad” que nos ha dejado casos como el de la antigua Yugoslavia, Ruanda o el propio nacimiento de la Corte Penal Internacional. En este sentido, recuerda que la agresión rusa constituye “delitos imprescriptibles y la responsabilidad puede pedirse en un futuro cuando pueda ser más fácil que se den las condiciones de poder para hacerlo”.

Ollé ofrece otra vía, la de los tribunales nacionales. Reconoce que las posibilidades de éxito son también “escasas”, pero subraya que “existe una obligación por parte de la Comunidad Internacional para que estos crímenes sean perseguidos y si no se puede hacer en un tribunal internacional, podemos intentarlo en los tribunales nacionales. Supondría lanzar un mensaje importante a Rusia”.

Conversaciones Rusia-Ucrania

Los gobiernos de Rusia y Ucrania anuncian conversaciones en la frontera de Bielorrusia para buscar una salida al conflicto. Los juristas consultados ya adelantan que con la legislación internacional en la mano no vale todo. El Convenio de Viena declara nulo todo tratado que se haya obtenido mediante la amenaza o el uso de la fuerza, violando los principios del Derecho Internacional. Carlos Fernández Liesa sostiene que esas conversaciones "no pueden dar lugar a compromisos más allá del curso de la guerra: alto el fuego o conversaciones humanitarias".

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Decisiones sobre la independencia de Donetsk y Luhansk, la anexión de Crimea y la entrada o no en la OTAN de Ucrania “pueden ser nulas en aplicación de este artículo”, advierte este catedrático. Las amenazas a Suecia y Finlandia si deciden entrar en la OTAN tampoco son papel mojado. Se trata de “comportamientos graves porque la Carta de Naciones Unidas no solo prohíbe el uso de la fuerza, sino que también prohíbe la amenaza del uso de la fuerza”, concluye Fernández Liesa.