La Diputación ordena el cierre temporal de otra residencia en Barakaldo

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El diputado de Acción Social, Sergio Murillo, ha comparecido a petición propia en las Juntas para explicar el procedimiento que ha derivado en el cierre "programado y ordenado" durante un año de la residencia Nuestra Señora de Leire, en Barakaldo. Se da la circunstancia de que en octubre hizo lo propio con otro centro, también en la localidad fabril, Iñigo de Loyola. En este caso el listado de infracciones eran "despidos injustificados, falta de cobertura de trabajadoras, desaparición de servicios como medicina o enfermería" además de tener atados a los ancianos sin prescripción médica.

El punto de partida para el cierre de Nuestra Señora de Leire fueron precisamente esas inspecciones. En las actas figura que durante la noche del 3 al 4 de octubre una trabajadora estuvo cubriendo su turno "simultáneamente" entre las dos residencias, era la única en ambas, "hizo unos cinco desplazamientos". Se trata de una infracción muy grave porque los ancianos estuvieron a ratos solos. En paralelo, este centro, en noviembre, perdió la concertación de las plazas públicas por incumplir obligaciones fiscales. Eso conllevó el traslado de quince residentes.

Con este desenlace, el diputado Murillo ha asegurado que "las inspecciones en Bizkaia funcionan, los controles están en marcha. A la vez que afirmamos esto podemos decir que las residencias funcionan bien porque si no, les quitamos de circulación", ha detallado. Ha garantizado que la vigilancia se ejerce tanto sobre las residencias con plazas públicas como las que son privadas.

Desde la oposición, Hector Fernández Medrano, de Elkarrekin Podemos, cree que se pone en evidencia "la gestión mercantilista" de los mayores y se "sorprendía" porque se haya llegado "a este punto de mala gestión". "Estamos hablando de unos centros residenciales con unas irregularidades manifiestas y una dejadez total", ha protestado. Desde EHBildu, Izaskun Duque, ha alertado sobre las deficiencias de la atención nocturna, de la que se quejaron la semana pasada familiares de otras dos residencias de la localidad fabril, "quizá haya que estar alerta", ha dicho. Y ha preguntado sobre la posibilidad de que la Diputación vuelva a concertar plazas con los gestores de los centros clausurados. Murillo ha respondido que la única herramienta de la que disponen es la ley de Servicios Sociales que prevé el cierre temporal de un año por una infracción muy grave.