El Tribunal Supremo argumenta que el coste económico que pueda tener la demolición de Valdecañas no es excusa para saltarse la ley territorial y ambiental

La Sección Quinta de la Sala Tercera del Tribunal Supremo ha remitido este martes la sentencia íntegra del Caso Valdecañas a las partes. En ella, el alto tribunal sostiene que las "dificultades" de su demolición no justifican que no se derribe el macro-complejo turístico al completo.

El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura consideraba que lo oportuno era demoler solo lo que estaba a medias y sin funcionar, pero desde el Tribunal Supremo entiende que el coste económico y social que el derrumbe pueda tener no son argumento suficiente para saltarse la legislación medioambiental ni a las normas de ordenación urbanística.

Esta sentencia supone una serie de costes para los municipios del entorno y la Junta de Extremadura. De hecho, según el escrito del 2020 del TSJEx, la Administración regional tendría que hacer frente, “al menos”, a 145 millones de euros por los gastos de demolición y la indemnización a terceros de buena fe. Esta cifra es la suma del coste de demoler lo edificado, 33.982.889,85 euros, “más el posible perjuicio económico a los propietarios de las viviendas, que podría alcanzar los 111.000.000 euros". Es por ello que el Gobierno autonómico se encuentra estudiando y analizando la sentencia, con la finalidad de fijar la posición definitiva del Gobierno extremeño en una comparecencia pública que tendrá lugar mañana miércoles.

Desde Ecologistas en Acción han exigido que se demanden responsabilidades a los "verdaderos culpables" del "fiasco" de Valdecañas y ha criticado el "tremendo acoso mediático" que sufre por intentar que se cumpla la legalidad urbanística. La organización ecologista ha expuesto que está sufriendo un "tremendo aluvión de críticas y descalificaciones" desde todos los estamentos por hacer "lo que le correspondía a la Junta de Extremadura y que nunca hizo: defender la legalidad urbanística en el caso de Marina de Valdecañas".

En una entrevista en La Ventana de Extremadura, su portavoz Ángel García, ha calificado la sentencia de "auténtico rapapolvo" y como un "guantazo con la mano abierta" para la Junta de Extremadura.

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La SER también se ha puesto en contacto con el abogado de los propietarios, Luis Díaz-Ambrona, para el que esta sentencia "es pobre" porque no entra en la cuestión principal del asunto, no valora, dice, que el estado del macrocomplejo y su entorno es mejor que el que tenía antes.

En cualquier caso, además del ya anunciado recurso al Constitucional, están planteando pedir la nulidad de la decisión del Supremo, ya que uno de sus miembros (Wenceslao Olea) también tomó parte en la decisión del TSJEx que dictó la primera sentencia declarando la nulidad del PIR y ordenando la delomilición del complejo.