La Plataforma por la Sanidad Pública avisa de que 'recortar y privatizar está en el ADN del Partido Popular'
Este colectivo ciudadano considera que la Junta de Castilla y León ha buscado dejar un sistema sanitario público pequeño para pobres frente a una gran sanidad de pago
Antonio Ayllón y Yolanda Saiz de la Plataforma por la Sanidad Pública de Burgos / Radio Castilla
Burgos
La Plataforma por la Sanidad Pública de Burgos estima que Castilla y León ha perdido el 22% de los médicos y el 27% de las enfermeras del sistema público en la última década, el 40% en el medio rural, mientras las pólizas de la sanidad privada han crecido un 25% en los últimos 6 años con la gestión del gobierno del PP.
Antonio Ayllón, portavoz de este colectivo de vecinos y profesionales, sostiene que los ''recortes y la privatización están en el ADN del Partido Popular'', que lleva 35 años en el gobierno de Castilla y León como si fuera su ''cortijo'', dice literal Ayllón, vaciando de recursos la sanidad para dejar un ''sistema público pequeño para pobres'' y una sólida sanidad de pago, que está ''parasitando'' lo público.
Antonio Ayllón considera demagogia que el PP prometa ahora un plan de choque para reducir las listas de espera y abrir todos los consultorios rurales. La propuesta de la Plataforma es ofrecer a los profesionales la posibilidad de trabajar por las tardes, en un modelo racional de peonadas, en lugar de que trabajen para la sanidad privada.
La Junta de Castilla y León privatiza servicios y tratamientos mediante convenios como el de San Juan de Dios o la clínica Recoletas en vez de rentabilizar los recursos públicos, como hacer funcionar quirófanos y servicios del Hospital Universitario (HUBU) o rehabilitar el hospital Divino Valles, y eso explica que las listas de espera sean ahora ''inhumanas'', según Antonio Ayllón.
La Plataforma por la Sanidad Pública propone aumentar el presupuesto de la Atención Primaria del 16 al 25% de los fondos para la sanidad, porque es la escala donde se controlan las enfermedades. Una sanidad pública que debería tener al menos el 7% de todo el PIB regional, en lugar del 6%, para empezar a parecernos a países como Francia o Alemania, con sistemas públicos envidiables.
