Greenpeace solicitará que el MITECO perite el coste económico del ecocidio del Mar Menor para el Caso Topillo

Murcia

Este lunes finaliza el plazo para que las acusaciones populares entreguen sus escritos al juez instructor del caso Topillo, que investiga la responsabilidad de administraciones y empresas en la contaminación del Mar Menor.

A diferencia del escrito de acusación de la fiscalía que fija las indemnizaciones económicas según el daño a las aguas y a otros elementos del dominio público hidráulico, el escrito de acusación de Greenpeace va más allá y quiere que los acusados paguen por el deterioro medioambiental de todo el ecosistema, incluida su flora, su fauna y el perjuicio a los servicios que prestan los ecosistemas a los habitantes de la zona.

Para ello pide que la Comisión Técnica de Prevención y Reparación de Daños Ambientales, adscrita a la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, realice el dictamen pericial y calcule cuánto nos ha costado la destrucción del ecosistema del Mar Menor y cuánto nos va a costar recuperarlo.

"Queremos que se calcule de una forma concienzuda todo el daño económico al ecosistema. Lo que cuesta repararlo y que se calculen los daños económicos a sectores como el turismo, como la pesca, que se calcule todo el daño que se ha hecho, no solo lo que se ha efectuado en el agua", ha explicado a Radio Murcia, Eduardo Salazar, abogado de Greenpeace en esta causa

También solicitan la aplicación de medidas cautelares para cortar cualquier vía de contaminación por parte de estas empresas puesto que se desconocen si siguen desalando agua y vertiendo los residuos al Mar Menor.

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"Pedimos que se prohiba expresamente que se desale y se vierta, por parte de los agricultores. No sabemos si nos la van a aceptar o no pero como no se sabe a ciencia cierta si están continuando con esa actividad de desalación y vertido, pues que se prohiba expresamente a los acusados que continuen con esas prácticas".

Otro de los aspectos destacados del escrito de Acusación de Greenpeace son las penas que solicitan para los responsables de las administraciones encargadas de velar para evitar la contaminación en la laguna. "Por la gravedad de la situación del Mar Menor y el daño que se ha producido", eleva a tres años las peticiones de prisión para el exconsejero de Agricultura, Antonio Cerdá y el excomisario de Aguas de la CHS, Manuel Aldeguer.

ANSE, Ecologistas en Acción y SEO/BirdLife piden tres años para el exconsejero Cerdá y dos años y seis meses para el excomisario de Aguas, Manuel Aldeguer

En un comunicado conjunto, las organizaciones ecologistas han indicado que "la gravedad de la situación viene determinada por la implicación de los máximos responsables, en aquella época, de ambas administraciones públicas con competencias en la materia. Además, para Cerdá y Aldeguer también solicitan el pago de una multa de 5.760 euros y la inhabilitación especial para el ejercicio de cargo público.

En el escrito de acusación lamentan "la existencia de indicios que apuntan a una institucionalización de la prevaricación ambiental durante años, sin que ninguno de los responsables actuara por evitar el colapso del Mar Menor".

Las tres organizaciones han apuntado que la Consejería, así como su entonces titular, "pudieron haber mirado hacia otro lado con plena conciencia de las ilegalidades existentes, omitiendo los controles en materia de nitratos".

En cuanto a la CHS, sostienen que "existen indicios claros" de que el organismo de cuenca, así como el comisario de Aguas en ese momento, "eran conscientes del uso de desaladoras privadas, la extracción de aguas de pozos, vertidos de salmueras, etcétera, todo sin autorización y en multitud explotaciones agrícolas del Campo de Cartagena".

Asimismo, han acusado a las personas y empresas agrícolas investigadas en relación a los vertidos de salmueras, y vinculan de forma directa estos vertidos con el colapso del conjunto del ecosistema acuático del Mar Menor, así como de sus hábitats y especies, tras reconocer que estas actuaciones "han podido ser unas de las principales causantes del catastrófico deterioro" de la laguna salada.

A las empresas agrícolas y los más de 40 gestores de explotaciones agrarias, se les solicitan las correspondientes sanciones penales. A todos ellos se les solicita el pago de las indemnizaciones por responsabilidad civil y la restauración del daño ambiental producido.